El dólar apenas subió 1,4% en el año contra una inflación de cerca del 16%, pero en junio vuelve a ser noticia. Después de meses de letargo, trepó casi 5% en pocas semanas, bastante por encima de lo que se estima que avanzaron los precios en el mes. En el equipo económico hay cierto alivio: una cosa es una Argentina con un dólar calmo —condición necesaria en toda gestión que aspire a estabilizar—, y otra muy distinta es una con un dólar atrasado. Es posible que, de tener éxito, el país termine siendo caro en dólares, como repiten desde la gestión libertaria cada vez que pueden, pero eso no ocurre al principio de un proceso en el que gran parte de la economía todavía está buscando su nuevo precio.

La suba del último mes es, de todas maneras, un recordatorio de que en el mercado cambiario, como en el resto de la economía, la historia pesa. Aunque la demanda minorista está lejos de los niveles de una corrida, en los bancos reconocen que se mantiene siempre activa. No importa el menú que haya de inversiones en pesos: el dólar es un plato que nunca se agota.

En las empresas con mayor sofisticación financiera, el pensamiento no es muy diferente. En el Banco Central (BCRA), confiaron fuentes de la autoridad monetaria, la sorpresa de las últimas semanas vino de la cantidad de compañías que buscaron hacerse de divisas para girar dividendos a sus casas matrices. El Gobierno abrió el cepo solo para las ganancias generadas en 2025 y, cual fenómeno Puerta 12, la demanda corporativa se aceleró sobre el final. Estimaciones preliminares del BCRA muestran que en lo que va del año se compraron divisas en concepto de utilidades por el equivalente a casi el 90% de lo destinado al mismo fin en todo 2016, cuando la gestión macrista liberó el cepo para las empresas tras más de cuatro años de restricciones.

Según los datos del balance cambiario del BCRA de aquel año, los giros netos de utilidades y dividendos sumaron US$4296 millones; las compras de 2026 por el mismo concepto ya rondarían, a junio, algo más de US$3800 millones. “Solo en los últimos dos días tuvimos operaciones por pagos de dividendos por unos US$150 millones”, admitió el operador de un banco grande. La historia, una vez más, confirma que sabe repetirse. No por nada el equipo de Luis Caputo insiste en que no quiere liberar lo que queda del cepo hasta pasada la elección presidencial del año próximo. No hay fidelidad mayor que la que el mercado argentino le dedica al dólar.

Así las cosas, el combo minorista y corporativo se completa con la presencia del BCRA, que también está reconstituyendo reservas —no solo para cumplir con las exigencias del FMI, sino para prepararse para un 2027 que, como todo año electoral, promete ser exigente. En los bancos creen que hay suficiente oferta como para que el tipo de cambio modere su ritmo de suba en las próximas semanas, aunque ya moviéndose a tono con la inflación. La gran pregunta en el mercado es hasta dónde el Gobierno se siente cómodo con el movimiento. La respuesta, a juzgar por las declaraciones del Presidente, la dará el impacto en precios.

Milei tiene una obsesión que es pública: planchar la inflación. Fue una de sus promesas de campaña y es el logro que espera ofrendar a su electorado en 2027. Con los precios desacelerando en los últimos meses, el equipo económico tiene oxígeno para dejar correr al dólar y poner el foco en otros objetivos, entre ellos, apuntalar el consumo. Para eso, en las conversaciones con los bancos hay un tema que emerge como constante: cómo hacer bajar las tasas de interés de los créditos.

La mora, que no termina de ceder, es la principal traba. No tanto entre las empresas como entre los individuos. “Son millones de casos, de montos bajos”, reconocen en las entidades. La mayoría de los bancos públicos salió con planes de refinanciación. El Banco Nación lanzó la semana pasada uno de hasta diez años de plazo a UVA más 10%. Pero esta semana el banco más grande del sistema espera aprobar en directorio una propuesta más ambiciosa: ayudará a quienes lleven su cuenta sueldo al banco a cancelar deudas con otras entidades. Los préstamos serán de hasta $100 millones, con cuota que no podrá superar el 25% del salario, y con una particularidad: no será el cliente quien tome el dinero para saldar el crédito moroso, sino el BNA quien deposite los fondos directamente en la otra entidad. Una vez más, el pragmatismo le gana al manual libertario. Alguna mente maliciosa hasta podría leerlo como el Estado saliendo al rescate de los bancos que no supieron prestar.

Para el BNA, de todas formas, hay un negocio claro en capturar clientes que cobren sus haberes en el banco: es, en definitiva, el mejor cliente el que garantiza un flujo mensual estable de depósitos. Hoy hay una batalla encarnizada en el sistema financiero por ese activo. Bancos como el Galicia o el Macro ofrecen bonificaciones de $200.000 o más a quienes sumen sus cuentas sueldo. No es un mercado menor, aunque también se está volviendo cada vez más escaso (un proxy de lo que sucede con el empleo registrado): en diciembre de 2024 había 10,5 millones de cuentas sueldo; en marzo de este año, 9,9 millones, según el BCRA. Es, sin embargo, uno de los pocos segmentos donde los bancos no compiten con las fintech.

En paralelo, siguen las tribulaciones en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y su posible rol para dinamizar el crédito hipotecario. El ministro Luis Caputo volvió a insistir esta semana entre los empresarios de la construcción en que algo podía llegar a desarrollarse siempre y cuando también en los bancos cumplieran su parte, financiando parte de las hipotecas con nuevas emisiones de deuda en el mercado. Pero los avances reales son escasos, pese a las decenas de reuniones que se sucedieron en estos meses. Los objetivos de Economía —que gestiona el fondo— no siempre están alineados con las prioridades de Capital Humano, de quien depende la Anses. De ahí que en los tiempos de Pablo Quirno como secretario de Finanzas se barajara pasar el FGS a la órbita de Economía. La idea sigue vigente.

La recaudación, de cualquier manera, obliga al Gobierno a no detenerse demasiado en la ideología. Junio cerrará en rojo, tanto en el resultado primario como en el financiero, por lo que difícilmente se cumpla la meta fiscal semestral del acuerdo con el FMI. Una falta menor, para un alumno que vino sobrecumpliendo las exigencias fiscales del organismo. Mientras sigue acumulando divisas para sus reservas, aunque a un ritmo más lento, Economía espera presentar en las próximas semanas un programa financiero sin fisuras, con las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los próximos vencimientos de deuda. Son, finalmente, buenos momentos para el ministro Caputo y su equipo.

Trascendió, no obstante, que no habría apuro por empujar los cambios en la ley de inocencia fiscal, que se habían consensuado en Economía en respuesta a los pedidos de los contadores. Es cierto que la adhesión al régimen por parte del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le quitó lustre a la iniciativa. Pero más cierto aún es que el costo fiscal de la medida hoy pesa más que la vocación por conseguir que los dólares se vuelquen cuanto antes a la economía. Y el ancla fiscal es —según palabras del propio Milei— la “piedra angular” del Gobierno y un principio “no negociable”.

En el equipo económico hay más certezas que dudas sobre cómo navegar el segundo semestre. Los desafíos son conocidos y las herramientas, acotadas pero existentes. El problema no está en los números, sino en otro lado: en la política, donde el Gobierno arrastra tensiones que ninguna tasa de interés ni ninguna banda cambiaria pueden resolver. Solo el Presidente tiene la respuesta.