Más de medio año después de que fuera cedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el histórico complejo de hoteles de Chapadmalal será desalojado. Empleados y familiares que habitan el establecimiento que fue símbolo del turismo social fueron intimados a dejar las propiedades en los próximos diez días corridos. Sino, afrontarán el desalojo.

A mitad del año pasado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, trasladó las Unidades Turísticas de Chapadmalal a la AABE, encargada de definir su destino final. La decisión fue tomada luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea “autosuficiente”.

Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera para su traspaso a la Agencia.

El complejo no puede venderse porque se ubica en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural en 2013. La AABE es la única que posee la habilitación para su venta.

A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró en conferencia de prensa que el Gobierno avanzó con una concesión a 30 años del complejo para “atraer inversión privada que restaure y eleve su calidad”. El objetivo era que “pase finalmente a estar al servicio de la gente y que se reduzca la carga de su mantenimiento para el Estado”.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había apoyado la decisión y asegurado que el Estado “no debe proveer el servicio de hotelería”, una actividad “compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y no conoce”.

Este viernes cursaron las intimaciones que obligan a los residentes a retirarse del complejo en los próximos diez días corridos. Se trata de 50 personas que viven en las inmediaciones hace dos décadas: 30 empleados y 20 personas sin un vínculo laboral con el complejo.

Estas últimas serían familiares de los trabajadores del establecimiento, confirmaron fuentes cercanas a la AABE y la Secretaría de Turismo a LA NACION. El motivo detrás de la intimación habría sido la ocupación irregular de las propiedades de parte de los familiares de los empleados.

Desde el traslado del complejo a la Agencia, solo quedaban trabajadores en guarda por seguridad y mantenimiento de limpieza.

El complejo fue construido durante la presidencia de Juan Domingo Perón con el objetivo de brindar alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto de Turismo Social.

El decreto para su creación, firmado en 1945, justo antes de que asuma el mandatario, impulsó la construcción de una ciudad balnearia para los empleados públicos nacionales y trabajadores de todas las disciplinas pagando precios bajos.

Esto significó un cambio en el turismo, antes reservado para la clase alta: millones de familias pasaron sus primeras vacaciones frente al mar en este establecimiento que ocupa casi 75 hectáreas de bosques y playas.

Tiene nueve hoteles con tres plantas, 19 bungalows o chalets, un polideportivo y edificios para la administración, correo, y ermita. Sin embargo, sufrieron un gran abandono en las décadas siguientes.

El gobierno de Alberto Fernández se decidió a reformarlo y reinaugurarlo en 2022, con una inversión que superó los $7500 millones. Estuvo a cargo del predecesor de Scioli, Matías Lammens. Sin embargo, con el paso del tiempo, las unidades volvieron a deteriorarse por falta de mantenimiento y abandono de la gestión libertaria.