La designación de jueces no es un trámite administrativo. Es uno de los actos más delicados del poder político en una república. No se trata de cubrir vacantes ni de distribuir cargos: se trata de decidir quién tendrá, en última instancia, la potestad de controlar al propio poder.

Por eso mismo, el estándar que debe guiar la selección de candidatos no puede ser otro que el de la excelencia. Excelencia técnica, independencia de criterio y una trayectoria personal que no deje dudas sobre su compromiso con la vigencia del Estado de Derecho.

Sin embargo, noticias recientes siembran una inquietud legítima. El Poder Ejecutivo ha elevado al Senado un número significativo de postulaciones que incluyen personas vinculadas —de manera más o menos directa— con espacios políticos que, cuando ejercieron el poder, promovieron iniciativas destinadas a erosionar la independencia judicial.

A ello se suma un dato no menor: las propias explicaciones oficiales parecen moverse en un terreno resbaladizo. Se niega la filiación política de algunos candidatos, se relativizan antecedentes conocidos o se los atribuye a decisiones circunstanciales o, incluso, involuntarias. Ese tipo de justificaciones, lejos de despejar las dudas, las agrava.

El problema no es que los jueces tengan ideas. Nadie sensato podría pretender una judicatura carente de convicciones. Pero hay una diferencia esencial entre tener ideas y haber estado vinculado a proyectos políticos que, en los hechos, buscaron someter la Justicia a los intereses del poder. Esa diferencia es la que el Ejecutivo no puede permitirse ignorar. Lo que está en juego no es una coyuntura ni una interna política. Es la arquitectura institucional del país. Nombrar jueces con antecedentes que suscitan dudas razonables sobre su independencia no es un error menor: es incubar, silenciosamente, el huevo de la serpiente. Y la metáfora no es exagerada.

Los procesos de deterioro institucional no comienzan con grandes rupturas, sino con pequeñas concesiones: decisiones que, consideradas aisladamente, pueden parecer justificables, pero que, acumuladas, terminan debilitando los cimientos del sistema.

Se dirá que el Senado ejercerá su control. Es cierto. Pero ese control no sustituye la responsabilidad primaria del Ejecutivo: proponer candidatos que estén por encima de toda sospecha. La prudencia, en este terreno, no es una virtud. Es una obligación, más aún cuando el propio proceso de selección aparece atravesado por disputas internas, filtraciones y cuestionamientos cruzados, que trasladan a la esfera judicial las tensiones de la política partidaria. La Justicia no puede convertirse en el campo de batalla de esas disputas.

Y, por si fuera poco, a todo ello se suma una cuestión igualmente inquietante: la idoneidad específica de algunos postulantes. No basta con ser abogado, ni siquiera con tener experiencia en el Estado. La función judicial —y más aún en instancias de apelación— exige una especialización que no puede improvisarse. Cuando se propone a un candidato sin trayectoria clara en la materia para integrar un tribunal altamente técnico, la impresión es inevitable: no estamos ante una selección, sino ante una colocación. Y las colocaciones, en materia judicial, se pagan caro.

En ese contexto, es muy preocupante que aparezca como un hecho consumado que se prescindirá de dos jueces capaces y probos que integran desde hace tiempo la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Nos referimos a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi. Es sabido que, durante el gobierno de Alberto Fernández se los seleccionó solo a ellos para revisar el mecanismo por el cual ocupaban su cargo, originado en un traslado desde otro puesto dentro del fuero federal, pero con similar jerarquía. En esa situación se encuentran decenas de magistrados que el Ejecutivo de entonces jamás buscó revisar. En ese momento, fue claro que ese intento de remoción respondió a que los nombrados habían dictado fallos contrarios a los intereses de Cristina Kirchner. Tiempo después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que determinó que la institución del traslado en sí misma era válida, por lo que la remoción buscada era ilegítima. Pero al mismo tiempo, la Corte indicó que sería necesario abrir concursos para todos los magistrados trasladados y posibilitar así su designación permanente. El Consejo de la Magistratura desoyó el fallo de la Corte, pues los únicos concursos que avanzaron respecto de jueces “trasladados” fueron aquellos para cubrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi.

Quien tiene en sus manos la facultad de proponer jueces debe ejercerla con conciencia de sus consecuencias. No basta con cumplir las formalidades. Es necesario honrar el espíritu de la Constitución.

Porque la independencia judicial y la calidad de quienes integran ese Poder del Estado no se declama: se construye. Y, sobre todo, se preserva. Y esa preservación comienza mucho antes de la aprobación de un pliego. Comienza en el momento —decisivo— en que se eligen los nombres.

Una vez que el huevo se incuba, ya es demasiado tarde para preguntarse qué saldrá de él. Y, cuando finalmente se abre, ya no hay discurso que alcance: sólo queda convivir con sus consecuencias. Y pagarlas.