La representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, la magistrada del departamento judicial Lomas de Zamora que suspendió la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo régimen penal juvenil.

Según adelantó LLA bonaerense en un comunicado, el fallo de Pascual, que suspende por 60 días la norma que efectiviza la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, que preside el partido del presidente Javier Milei en territorio bonaerense.

En su comunicado, LLA especificó que sus legisladores provinciales, “junto a un equipo técnico, trabajan en una presentación contra Marta Elba Pascual”.

“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, solo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, subrayó Pareja, diputado nacional.

“Debemos pedir su enjuiciamiento. Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez. No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”, subrayó Pareja. LLA cuenta con un bloque de 20 diputados bonaerenses y, en el Senado, tiene una bancada de diez legisladores. En ambas cámaras, es el principal grupo opositor al oficialismo del gobernador Axel Kicillof.

Para que el juicio político contra Pascual avance, LLA debería presentar una denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento, un órgano que funciona en la órbita del Senado bonaerense y cuyo titular es Ulises Giménez, un dirigente del peronismo que es uno de los apoderados del Partido Justicialista. Cualquier ciudadano o institución puede presentar la denuncia.

Para llegar al juicio político, en el que se juzgan cuestiones éticas o de ejercicio abusivo de las funciones del magistrado, la denuncia debe recorrer un camino que incluye audiencias públicas, hasta llegar al veredicto. En las audiencias, se utiliza una dinámica usual de juicio, con la presentación de pruebas y debate oral.

En caso de que se llegue al juicio político, el jurado estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense preside el jurado de enjuiciamiento, que integran, por sorteo, diez conjueces (cinco senadores o diputados que sean abogados, y cinco abogados de la matrícula, propuestos por los colegios de abogados provinciales).

El último juicio contra un magistrado bonaerense fue el que se desarrolló contra la jueza María Julieta Makintach, que fue destituida el 18 de noviembre del año pasado. La magistrada estaba a cargo del juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona y fue denunciada por haber puesto en marcha la filmación de un documental sobre ella en la sala de audiencias, lo que provocó la suspensión del prroceso, que debió reiniciarse desde cero.

Los integrantes del jurado de enjuiciamiento contra Makintach fueron los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Alvado, junto con los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences. La jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan presidió el jurado.

El caso de Makintach fue expeditivo, dada la evidencia contra la jueza. En la situación de Pascual, en cambio, un legislador con experiencia en el desarrollo del mecanismo del juicio político en la provincia consideró que llevaría mucho más tiempo y que no sería un caso que amerite suspender a la magistrada.