El 24 de abril, el equipo legal de Taylor Swift presentó tres solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Dos protegían frases puntuales con su voz y una tercera se trataba de una foto suya tomada durante su última gira mundial, el Eras Tour. El objetivo de la movida era asegurar legalmente estos fragmentos de identidad ante el avance de la IA.

No es un caso aislado: meses antes, la primera ministra italiana Giorgia Meloni tuvo que salir a desmentir una imagen suya generada con IA que se había vuelto viral y, antes de eso, videos falsos de Swift y Rihanna recorrían TikTok en estafas publicitarias.

Estos casos exponen lo que viene advirtiendo Cecilia Danesi, directora del Máster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia de Salamanca y autora del libro El imperio de los algoritmos: IA inclusiva, ética y al servicio de la humanidad.

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—Taylor Swift registró frases de su voz y una foto suya como marca comercial para protegerse de la IA. ¿Por qué una artista de su magnitud, con todo el aparato legal detrás, tiene que recurrir a un atajo como ese en lugar de apoyarse en el derecho de autor o el derecho de imagen tradicional?

—El caso de Taylor Swift demuestra que nuestro sistema jurídico fue diseñado para un mundo analógico y hoy enfrenta desafíos completamente nuevos, a los cuales todavía no podemos dar respuesta certera. La cantante sigue los pasos del actor Matthew McConaughey y también se inserta en un contexto de mucha controversia: The New York Times, autores y editoriales demandaron a empresas de IA por el uso de sus datos para entrenar algoritmos. De hecho, hay una discusión muy vigente sobre si ese entrenamiento constituye una infracción al derecho de autor.

El derecho de autor protege las obras, no necesariamente la voz como rasgo identitario, y el derecho a la imagen presenta diferencias según el país y no siempre alcanza para responder con rapidez frente a contenidos sintéticos. Por eso, herramientas como el derecho marcario terminan ofreciendo una protección complementaria para determinados usos comerciales.

Lo relevante es que ya no hablamos solo de proteger una canción o una fotografía, sino la identidad digital de una persona. La IA permite replicar voces, rostros y estilos con una calidad inédita, obligando a repensar categorías jurídicas que durante décadas parecían suficientes.

—¿Qué dice de nuestro sistema legal el hecho de que la ley de marcas, pensada para productos y servicios, sea hoy la herramienta más eficaz para proteger algo tan personal como una voz?

—Nos muestra que el derecho está atravesando un proceso de adaptación. Cuando una norma pensada para identificar productos termina utilizándose para proteger atributos de la personalidad, es una señal de que existe un vacío regulatorio. No significa que el sistema haya fracasado, sino que está buscando dar respuestas con las herramientas disponibles mientras la legislación específica evoluciona. Esto ha pasado siempre: mientras las sociedades avanzan y las legislaciones se aggiornan, se aplican figuras jurídicas análogas para dar una primera respuesta. En ese sentido, el rol de los jueces —con ávidos conocimientos en gobernanza de la IA— es clave.

La inteligencia artificial está desdibujando las fronteras entre propiedad intelectual, protección de datos, derechos de la personalidad y competencia desleal. Cada vez es más evidente que estos desafíos requieren un enfoque interdisciplinario y nuevas reglas adaptadas a la era digital.

—Esto no es solo un problema de celebridades. ¿Qué pasa con una persona común que no tiene un estudio legal como TAS Rights Management detrás? ¿Existe alguna protección real para el resto de nosotros?

—La protección existe, pero suele ser más fragmentada y difícil de ejercer. Dependiendo del país, pueden invocarse el derecho a la imagen, la protección de datos personales, normas de defensa del consumidor o incluso acciones civiles por daños. Sin embargo, litigar contra contenidos generados y difundidos a gran velocidad en plataformas digitales resulta complejo y costoso para la mayoría de las personas. Normalmente no sabemos ni dónde acudir, ni cómo probar, ni en qué norma basarnos.

Por eso el gran desafío no es solo reconocer derechos, sino desarrollar mecanismos preventivos, obligaciones para las plataformas y herramientas tecnológicas que permitan detectar y retirar estos contenidos antes de que el daño sea irreversible.

—Algunos estados de Estados Unidos avanzaron con leyes específicas, como la Ley ELVIS de Tennessee, y a nivel federal se discute la Ley NO FAKES. ¿Cómo ves a la región latinoamericana en este debate? ¿Hay terreno fértil para que algo similar pase acá?

—Las iniciativas a nivel mundial van en constante ascenso, con proyectos de ley en estudio: Irlanda busca proteger la identidad digital prohibiendo el uso de voz e imagen mediante IA; España tiene entre manos un proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial; y Dinamarca preparó modificaciones a su normativa de derechos de autor para otorgar a las personas mayor control sobre sus voces e imágenes en deepfakes. El hito lo constituye la obligación de transparencia sobre los datos de entrenamiento que incorpora el AI Act europeo para determinados modelos de IA.

América Latina todavía se encuentra en una etapa incipiente, aunque el debate comenzó a acelerarse. La región cuenta con una sólida tradición de protección de los derechos personalísimos, lo que constituye una buena base para abordar estos nuevos desafíos. Sin embargo, todavía faltan normas específicas que contemplen fenómenos como los deepfakes, la clonación de voz o la identidad sintética.

Más que copiar modelos extranjeros, creo que la oportunidad está en construir marcos regulatorios propios, compatibles con los estándares internacionales y adaptados a nuestra realidad institucional. La experiencia europea demuestra que es posible promover la innovación sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales.

—Si hoy cualquiera puede clonar una voz o una cara con pocos segundos de material, ¿qué le queda a la identidad como concepto legal? ¿Seguimos hablando de “derecho de imagen”?

—Hoy la identidad ya no puede reducirse únicamente a la imagen. Debemos hablar de identidad digital como un conjunto de atributos que incluye la voz, los gestos, la forma de expresarse, la apariencia e incluso determinados patrones de comportamiento que la inteligencia artificial puede reproducir.

Ese cambio obliga a ampliar la mirada jurídica. La pregunta ya no es únicamente quién puede usar una fotografía, sino quién puede recrear digitalmente una persona y bajo qué condiciones. Es uno de los grandes debates que marcarán el derecho de la próxima década. De todos modos, que la clonación o falsificación en el siglo XXI sea accesible no significa que por ello tengamos que perder derechos.

Si la identidad digital es, como dice Danesi, uno de los grandes debates que va a marcar el derecho de la próxima década, el desafío no es solo legislativo: es también de formación. La sociedad necesita entender cómo funciona la tecnología y jueces, legisladores, empresas y organismos internacionales necesitan comprender qué están regulando.

En este contexto surgen propuestas como el Máster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia de Salamanca, que dirige Danesi junto a Jesús Conderana.

Se trata de un programa de formación permanente con modalidad cien por ciento virtual, 60 créditos ECTS y 25 plazas, que comienza el 14 de septiembre de 2026 y se dicta en español. El plan de estudios recorre desde una introducción a la IA y su filosofía hasta materias más específicas como derechos digitales y auditorías algorítmicas, violencia digital e IA generativa, y el vínculo entre las grandes tecnológicas y los derechos humanos. Incluye, además, una Summer School presencial de una semana en el campus de Salamanca, con opción de seguimiento remoto para quienes cursan a distancia.

La propuesta busca, según describe la propia universidad, perfiles capaces de moverse entre la técnica, la ética y la regulación, con vocación de incidir en cómo gobiernos, empresas y organismos internacionales terminan tomando decisiones sobre estas tecnologías. Egresados del programa pueden orientarse a la auditoría de algoritmos, la consultoría tecnológica y ética, la investigación académica o el asesoramiento en políticas públicas de gobernanza de IA, tanto en el sector privado como en organismos reguladores.

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—Vos dirigís un máster que justamente forma a gente para pensar estos dilemas antes de que terminen en un tribunal. ¿Qué se enseña ahí frente a un caso como el de Swift? ¿Cuál es el objetivo?

—Nuestro objetivo es formar profesionales capaces de anticipar estos conflictos, no simplemente reaccionar cuando ya ocurrieron. El Máster aborda precisamente esa intersección entre tecnología, ética, regulación y políticas públicas, preparando perfiles que hoy demandan gobiernos, organismos internacionales y empresas.

Frente a un caso como el de Taylor Swift analizamos no solo qué herramientas jurídicas existen, sino cómo diseñar sistemas de IA responsables desde su origen, cómo gestionar riesgos, realizar auditorías algorítmicas y construir marcos de gobernanza que permitan innovar sin comprometer derechos fundamentales. Esa mirada integral es justamente lo que diferencia a este programa. El perfil de sus graduados es sumamente demandado, ya que el mercado laboral hoy más que nunca exige perfiles eclécticos que puedan dar respuestas globales y holísticas a la gobernanza de la IA, y no únicamente analicen la parte técnica o la parte social. La transdisciplina es una mirada ineludible.

—¿Por qué creés que todavía hace falta insistir tanto en la importancia de educarse sobre esto?

—Porque la inteligencia artificial ya dejó de ser un tema exclusivo de ingenieros. Hoy impacta en elecciones, salud, educación, propiedad intelectual, empleo y democracia. Quienes toman decisiones —en el sector público, privado o en organismos internacionales— necesitan comprender tanto las oportunidades como los riesgos de esta tecnología.

Precisamente con ese objetivo organizamos el seminario “Taylor Swift, elecciones, algoritmos y derechos humanos: ¿quién gobierna la IA?”, una actividad abierta que utiliza un caso conocido para explicar debates que afectan a toda la sociedad. Es una forma de acercar la gobernanza de la IA al público general y mostrar por qué necesitamos profesionales preparados para liderar esa transformación. Además, allí veremos que las cuestiones de gobernanza afectan no solo a grandes organizaciones, sino a todos los mortales en el día a día.

—Con los avances constantes de la tecnología, ¿decís que algún día se va a poder llegar a un acuerdo sobre cómo manejarla legal y éticamente, o va a ser un constante work in progress?

—Creo que la gobernanza de la inteligencia artificial será necesariamente un proceso dinámico. No existe una regulación definitiva para una tecnología que evoluciona tan rápido. Lo importante no es perseguir cada innovación con una nueva ley, sino construir una técnica legislativa acorde con la vorágine exponencial de crecimiento de nuestra era. Las leyes no regulan tecnologías en sí, sino el impacto social. Necesitamos principios sólidos, instituciones flexibles y mecanismos de cooperación internacional capaces de adaptarse al cambio. En este punto, el diálogo regional es imprescindible: movernos en bloque frente a compañías que son más poderosas que los Estados más poderosos es un paso básico y estratégico.

La buena noticia es que ya estamos avanzando en esa dirección. Hoy existe un consenso creciente sobre la necesidad de desarrollar una IA centrada en las personas, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Probablemente las reglas evolucionen de forma permanente, pero eso no significa incertidumbre; significa que la gobernanza deberá evolucionar al mismo ritmo que la tecnología.