Detrás de una maniobra de corrupción judicial en Rosario hay una compulsión personal que una investigación coloca en el centro de la escena: la ludopatía del exfiscal Mariano Ríos Artacho. Buena parte de los 425 millones de pesos que, según la acusación, desvió de cuentas judiciales entre 2017 y 2024 fue a parar a casinos y a inversiones bursátiles con las que alimentaba una adicción al juego que fue devorando, expediente tras expediente, el dinero que debía custodiar.

Ríos Artacho, de 42 años, fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como presunto jefe de una asociación ilícita.

La hipótesis fiscal sostiene que, mientras se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), decidía qué cuentas judiciales podían ser vaciadas y firmaba los oficios necesarios para hacerlo. Se trataba de dinero depositado judicialmente en concepto de fianzas, cauciones o fondos secuestrados en distintas investigaciones. Es decir: la plata que un fiscal de delitos económicos tenía la obligación de resguardar terminó financiando su adicción al juego.

El mecanismo, según la acusación, tenía una estructura pensada para sostenerse en el tiempo. Por debajo del exfiscal, otros integrantes de la presunta organización reclutaban prestanombres, retiraban el efectivo de los bancos y distribuían el dinero.

Los señalados como testaferros —que habrían aportado sus identidades y sus CBU para canalizar los fondos— son Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R. La organización contaba, además, con un dispositivo para tapar los faltantes: el abogado penalista Emilio Barcacia se presentaba en los bancos para depositar efectivo y recomponer temporalmente los saldos cuando una causa estaba próxima a un juicio abreviado o una probation. Ese detalle es el que mejor retrata la lógica del jugador: cubrir el pozo justo antes de que alguien pudiera mirar dentro, para volver a apostar.

La causa se activó a partir de una anomalía detectada en una cuenta judicial. La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso y el expediente quedó en manos de Spelta, de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

La investigación reconstruyó maniobras que se habrían extendido, al menos, desde 2017 hasta 2024. El caso tuvo su primer impacto público la semana pasada, con la detención de Ríos Artacho durante una serie de allanamientos que la Policía Federal Argentina (PFA) realizó en Rosario y distintas localidades de Córdoba: hubo nueve detenidos y se secuestró documentación y dispositivos electrónicos.

La captura fue solicitada por Spelta, cuya unidad depende de la Fiscalía General a cargo de María Cecilia Vranicich. La paradoja es elocuente: fue precisamente Vranicich, cuando ocupaba la Auditoría General de Gestión del MPA, quien había investigado al fiscal en 2024 y advertido que su conducta ameritaba una sanción más severa que la que finalmente recibió.

Porque el nombre de Ríos Artacho ya venía marcado. Dejó de ser fiscal el 25 de junio de 2024, apenas una semana después de reincorporarse, tras cumplir una suspensión de 60 días sin goce de sueldo que le impuso la Legislatura por mal desempeño.

El episodio que lo empujó a esa sanción fue la entrega irregular de un Mercedes-Benz secuestrado en una causa por estafas a un financista: en lugar de quedar bajo resguardo del organismo, el vehículo terminó en manos del comisario Álvaro Rosales, amigo del fiscal desde hacía una década y hoy investigado por abuso sexual de una aspirante a la policía provincial.

Un segundo episodio trazó una línea directa con el crimen organizado y con el mundo de la inteligencia. Un Chevrolet Cruze negro que figuraba a nombre de Ríos Artacho apareció siendo utilizado por Juan José Raffo, un exsuboficial condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión como colaborador de Los Monos, que estuvo prófugo hasta su detención en marzo de 2025. El auto fue detectado a fines de 2022 cuando Raffo viajó al aeropuerto de Ezeiza para tomar un vuelo a Miami, mientras era seguido por la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar) en una investigación sobre la actividad de la banda en el cordón industrial norte del Gran Rosario.

El exfiscal se presentó espontáneamente ante sus colegas de la Unidad de Delitos Complejos para explicar que había vendido el auto a Rosales y que desconocía cómo había llegado a Raffo. Pero quedó una pregunta central: ¿cómo se había enterado de que en una causa federal reservada figuraba un vehículo a su nombre? Según su propio descargo, “una persona” se lo había advertido. Los investigadores federales sospechan que esa persona era Iván Jokanovich, el exjefe de la delegación local de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo procesamiento y prisión preventiva confirmó recientemente la Cámara Nacional de Casación Penal.

Para la Justicia, Jokanovich usó su cargo para brindar información privilegiada a un sector de Los Monos y ayudar a Raffo a eludir su captura.

La imputación de Ríos Artacho se inscribe en un fenómeno que atraviesa a toda la provincia. Con la reciente destitución de un fiscal de San Jorge —acusado de simular el robo de dos neumáticos de su auto para cobrar el seguro—, ya son diez los fiscales o exfiscales del MPA denunciados, imputados o condenados desde que el organismo se puso en marcha, en 2014. Cuatro estuvieron presos. El propio Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía General lo admitió: investigaciones penales contra fiscales, dos renuncias en medio de causas, tres remociones de funcionarios luego condenados y cuatro suspensiones legislativas.

El caso más resonante sigue siendo el del exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por integrar la estructura de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, sentencia ratificada en julio por la Cámara de Apelación en lo Penal. En la misma trama cayó el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. A ese cuadro se suma el fuero federal: la Cámara Federal de Rosario ordenó auditar los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 ante la sospecha de que hay unas 8.000 causas paralizadas, algunas con hasta seis años de demora. El Juzgado N° 4 fue ocupado por Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva, imputado en tres causas por corrupción, entre ellas por favorecer al narcotraficante Esteban Alvarado.