La utilización de la Justicia como herramienta de presión política es lo opuesto a la esencia del derecho. Por eso, cuando la política se vale de denuncias para buscar torcer el brazo de los jueces se hace necesario actuar para desbaratar esos viles intentos. Es lo que ocurrió recientemente en el Consejo de la Magistratura, cuando desestimó la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti impulsada por el kirchnerismo para presionarla en plena investigación del supuesto intento de asesinato de Cristina Kirchner.

La decisión del plenario del cuerpo, que archivó la denuncia contra Capuchetti, es un espaldarazo a la independencia judicial y un freno a las maniobras de hostigamiento político en una causa de trascendencia.

Capuchetti quedó en medio de otra embestida del kirchnerismo cuando el teléfono celular del condenado por el intento de asesinato fue manipulado por la Policía Federal, que impidió acceder a su contenido. La jueza se convirtió en el blanco de un implacable embate en represalia por su rol en la investigación. La ofensiva se canalizó a través de la denuncia presentada en su momento por diputados nacionales como Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Paula Penacca y Blanca Osuna, entre otros. La acusaron en los medios y en el Consejo de la Magistratura de negligencia por la “falta de resguardo” del teléfono de Fernando Sabag Montiel. Se buscó sembrar dudas sobre la actuación de la magistrada y someterla a un jury.

Sin embargo, ante el reseteo de fábrica que sufrió el dispositivo, fue Capuchetti quien tomó medidas para investigar a efectivos de la Policía Federal que manipularon el aparato. La Gendarmería Nacional concluyó que un cabo de la policía intentó extraer la información con un software forense desactualizado y no tomó los recaudos pertinentes de preservación. Se determinó que el celular llegó a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria manoseado, encendido y en un sobre abierto sin cadena de custodia, momento en el cual se produjo el reseteo a valores de fábrica. Ante estas irregularidades, Capuchetti apartó a las fuerzas, exigió la apertura de un sumario administrativo interno en la Policía Federal y abrió una investigación que aumentó las sospechas sobre la actuación de la fuerza federal. Detectó la jueza 25 irregularidades de la Policía Federal que incluyen no solo la manipulación del teléfono, sino la falta de aviso inmediato a la Justicia sobre el supuesto intento de asesinato, la redacción del acta de secuestro cinco horas después del hecho, la fuga de Brenda Uliarte -novia de Sabag Montiel frente a la policía o falencias en los primeros momentos en el secuestro del aparato.

Esto es así al punto que un peritaje de la Gendarmería Nacional detectó que el celular del atacante se activó en una antena del Shopping Abasto cuando supuestamente a esa hora debería haber estado secuestrado en una carpa policial, frente al departamento de Cristina Kirchner.

Capuchetti avanza ahora con una investigación que puede deparar resultados sorprendentes sobre las motivaciones de la propia Policía Federal para esta actuación irregular.

El Consejo de la Magistratura cerró el 15 de abril las ecuaciones disciplinarias contra Capuchetti. El dictamen desestimatorio fue aprobado por una mayoría de 12 votos a favor contra 6 en contra. Votaron a favor de desestimar la denuncia y proteger la institucionalidad los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Guillermo Galderisi, Álvaro González, Alberto Lugones (quien ofició de consejero instructor), Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Santiago Viola por el Poder Ejecutivo. En contra del dictamen, se alinearon César Antonio Grau, Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

El fallo del Consejo ratifica que los procedimientos de la causa no fueron negligentes como el kirchnerismo intentó vilmente instalar. Así los intentos de utilizar la denuncia como medio de hostigamiento político fueron debidamente desactivados por los consejeros.