Desde su punto más crítico, la brecha se redujo a la mitad en los últimos años, pero incluso así resulta amplia y, según referentes del sector, es un indicador de un problema heterogéneo, de larga data y con consecuencias para gran parte de la población.

De acuerdo con datos elaborados por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra-Cedim), haría falta una suba de 26% de los montos cobrados a los financiadores del sistema para empatarle al incremento promedio del costo del servicio, si se toma como punto de partida diciembre de 2020, un momento ya avanzado de la pandemia de Covid.

Alegando que la actividad necesita abordar “temas de acuciante necesidad” y aludiendo particularmente a la situación de los prestadores que trabajan para el PAMI, cinco entidades nacionales (Adecra, Acami, Capress, Confeclisa y Salud Federal) y más de 30 instituciones de carácter local que representan a clínicas, sanatorios y hospitales privados, le pidieron dos semanas atrás “una audiencia de manera urgente” al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para exponer su situación y sus propuestas de medidas fiscales y de otras políticas enfocadas al sector.

Según se afirma en la misiva, los prestadores privados concentran a más de la mitad de las instituciones y de las camas de internación. Por eso, se advierte, “el cierre de clínicas afecta a sus trabajadores, al sistema de salud y a la comunidad toda”.

En julio pasado hubo en el Boletín Oficial una señal de la situación. El último día de ese mes, el Gobierno prorrogó, una vez más y ahora hasta el 31 de diciembre próximo, la suspensión del inicio de juicios ejecutorios ante el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de centros de salud. Dado ese paraguas, desde hace años hay entidades que acumulan deudas con el Estado.

La citada medida -la resolución 1158 del Ministerio de Economía- es una respuesta provisoria, un parche, frente a un problema no menor que lleva ya más de dos décadas. Según afirmó, al participar este año del Congreso de Salud Adecra+Cedim Enrique Camerlinkx, director general del Sanatorio Mater Dei, en el país hay unas 5000 instituciones de salud “virtualmente quebradas”, bajo la protección “de un sistema que les permitió no pagar impuestos ni contribuciones”, en alusión a esa imposibilidad de ARCA para intimar a cumplir con las obligaciones.

En el último informe de precios de prestaciones y módulos elaborado por Adecra se sostiene que en el segundo trimestre de este año hubo una suba de esos ingresos del 6,8%, en tanto que el alza interanual fue de 30,5%. Ese indicador está referido a los importes que paga, por un conjunto de prestaciones y módulos específicos, un grupo de financiadores del sistema.

Pero hay una heterogeneidad significativa, que hace que se diferencie la situación de las entidades según de qué financiadores dependen más. La medicina prepaga, según se consigna, otorgó “en el mejor de los casos” un aumento trimestral del orden del 8,3% (similar al del primer trimestre), mientras que el PAMI solo dio en junio un incremento del 1,9% sobre los valores de diciembre de 2025, y la obra social IOMA, de la provincia de Buenos Aires, modificó los aranceles en un 6,1% en el trimestre, mientras que entre enero y marzo había dado un alza de 3%.

La situación de los prestadores que trabajan con el PAMI está particularmente expuesta en la carta enviada este mes a Santilli. Se señala que esas instituciones “padecen una combinación de atraso en los valores retributivos, dificultades financieras y problemas operativos que comprometen progresivamente” su sustentabilidad, al estar atadas a un “modelo retributivo” casi no actualizado en dos años.

Costos e ingresos

Un relevamiento de la asociación de clínicas muestra, por otra parte, que el costo de los principales insumos prestacionales subió, en promedio, un 6% entre abril y junio y un 13,4% en el primer semestre, al tiempo que los precios promedio de las prestaciones avanzaron un 6,8% y un 14% en cada caso. Eso permitió un leve alivio del indicador que marca la brecha entre las variaciones acumuladas de costos y de ingresos de los prestadores. La diferencia llegó a ser del 57% en diciembre de 2023, en un contexto marcado por controles para el aumento de las cuotas de las prepagas.

Según el economista Jorge Colina, asesor de Adecra y presidente del instituto Idesa, hubo varios momentos críticos para el financiamiento del sector. Uno se inició en 2012, con el estancamiento del PBI; en 2018, la ecuación se complicó por la crisis cambiaria y el repunte inflacionario. Y en la temprana pospandemia, el gobierno de Alberto Fernández “se enamoró”, según Colina, del modelo de cuotas de prepagas congeladas o con pocas y controladas subas, pese al alza de costos.

“Se soportó por el respirador de los subsidios a los salarios”, resumió Colina, respecto del tiempo en que, sin subas en las cuotas de las prepagas, tampoco las hubo para los prestadores, y en referencia a los planes de pandemia, cuando el Estado afrontaba parte de los sueldos del sector privado.

Precios liberados y conflictivos

En el inicio de la gestión de Javier Milei, los precios de los planes de salud quedaron liberados, luego de que por decreto de necesidad y urgencia se derogara el mecanismo de regulación. Las subas inmediatas fueron de una magnitud importante y, según directivos del sector, reflejó parte del nivel de retraso acumulado. Pero esos aumentos afectaron fuertemente los bolsillos de los afiliados, impactados al mismo tiempo por otros reajustes de precios y sin la contraparte de un aumento en sus ingresos.

En los primeros meses, el Gobierno no reaccionó ante las altas subas de las cuotas de las prepagas, pero sí lo hizo tras las denuncias de la oposición y, de hecho, se generó un conflicto que terminó con un acuerdo en el ámbito de la Justicia.

No hubo, ni en ese momento ni en otros de las últimas décadas, algún planteo oficial que haya avanzado y que buscara abordar los problemas de financiamiento del sector sin que la única respuesta sea la suba de cuotas de los planes de salud.

La liberación de los precios derivó en un achicamiento progresivo de la brecha entre el alza de costos y de aranceles, al menos para los prestadores más dependientes de prepagas.

Según describió Colina, más allá de la protección ante las deudas con el fisco, surgieron otras vías de escape a la situación de desajuste. Una es la participación creciente del gasto directo asumido por los pacientes, con pagos de bolsillo para acceder más rápidamente a consultas o, por ejemplo, para obtener tratamientos con determinadas tecnologías o innovaciones (“hoy la competencia es por la innovación”, afirmó el economista). Y afirmó que la suba del gasto de bolsillo hace que hoy no se sepa cuánto dinero está destinado a la salud.

Respecto de eso último, en el seminario de Adecra se expuso un caso concreto. Gustavo García Fornari, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires, contó que para el financiamiento de las cirugías robóticas se optó por un “sistema híbrido”. Las entidades financiadoras (las prepagas, o el Hospital Italiano por su plan de salud) se hacen cargo del costo de una cirugía tradicional, y el paciente asume el adicional que significa la tecnología robótica. Ese principio aplica a otras prácticas, en las que se le ofrece al paciente ambas alternativas (con o sin la innovación).

Según Camerlinckx, en los últimos años “se trabajó muchísimo en eficiencia en las entidades porque, de lo contrario, más allá de la emergencia (la suspensión de las ejecuciones fiscales), estaríamos todos cerrados”. Sostuvo también que el problema se agravó durante años por la incorporación de prestaciones y coberturas obligatorias sin que se definieran fuentes de financiamiento.

El ejecutivo agregó que en el sistema hay unos 650.000 empleos directos, y que podrían generarse entre 50.000 y 60.000 puestos si existieran condiciones para expandir la actividad.

“Hay que ver qué lugar ocupan la corrupción, el mal gasto, la sobreprestación y otras cosas que hay que eliminar”, advirtió.

Rediseñar el modelo

El dilema del sector es “administrar la inercia o motorizar el rediseño del sistema” de salud, planteó en el congreso de Adecra Pablo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba y prosecretario de la asociación.

Para ese rediseño, planteó la necesidad de que haya un reconocimiento estratégico del sector, para que se aprueben marcos normativos sustentables y previsibles. Además, enfatizó que se debe planificar la regularización y el reordenamiento fiscal, con la puesta en marcha de medidas de fondo ante las deudas tributarias.

Un planteo es que puedan utilizarse los saldos técnicos de IVA que las entidades tienen a su favor y que, por su condición impositiva, no pueden descargar en sus operaciones.

Paltrinieri destacó que en las últimas décadas hubo un proceso de concentración de la actividad. “Cierran instituciones, pero otras las compran; eso funciona como una rueda de auxilio y como un ralentizador de la decisión de un rediseño del sistema de salud”, afirmó.

También advirtió sobre dos tendencias que amenazan con profundizar las tensiones que plantea la finitud de los recursos: el envejecimiento poblacional y el impacto incierto de las nuevas tecnologías.

Frente a ese escenario, mencionó varios ejes en los que, evaluó, se podría avanzar para mejorar la ecuación del sector: la medicina preventiva, la telemedicina, la atención domiciliaria, los mecanismos para evaluar qué tecnologías son costo-efectivas, y el desarrollo de una participación activa de los pacientes en el cuidado de su salud.