La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y de otras 18 personas que fueron alcanzadas por la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo. Entre ellas, el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

Ellos tres, al igual que Sapgnuolo, fueron procesados como jefes de una asociación ilícita y embargados por miles de millones de pesos. La Cámara confirmó esas medidas, aunque redujo los montos de los embargos −que quedaron fijados en cifras de hasta más de $35.000 millones− y procesó a Atchabahian solo como “miembro” de la organización.

Además, la Cámara ratificó el rumbo de la investigación al rechazar un planteo iniciado por la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, con el que buscaban anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaba un sistema de coimas que alcanzaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II de la Cámara, y consolidó la primera capa de una causa que investiga distintos niveles de responsabilidad en una presunta gran trama de irregularidades.

La hipótesis que sostiene el fiscal Franco Picardi −que ya pidió otros 24 procesamientos− es que un grupo paraestatal logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses. El fiscal sostiene que hubo simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.

Parte de la maniobra se habría llevado a cabo a través de un sistema especial de compra, el Siipfis, diseñado para ser más ágil y utilizado para insumos médicos muy caros y poco frecuentes. Otra parte de la investigación atañe a la compra de insumos ortopédicos, traumatología, amputaciones, cardio, audífonos y sillas de ruedas.

“Hemos visto que el proceso de compras se llevó adelante a través de un programa que fue utilizado de manera arbitraria y a partir del cual se manipularon las invitaciones adjudicándose las compulsas a un grupo de proveedores −reducido− previamente acordado”, dijo hoy la Cámara.

El resto de los procesados son los exfuncionarios Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno y Ornella Calvete. Y por el lado de las empresas: Andrés Horacio Arnaudo (Génesis), Silvana Vanina Escudero (New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (Floresta), Patricio Gustavo Rama (New Farma), Federico Maximiliano Santich (Profarma y Profusión), Guadalupe Ariana Muñoz (Indecomm y Expotrauma), Julio César Viera (Indecomm), Patricia Liliana Canavesio (Profarma), Ruth Noemí Lozano (Indecomm) y Luciana Ferrari (ex-Roche y exfuncionaria de Andis).

El monto total de los embargos dispuestos por la Justicia sobre cada uno de los involucrados en este segundo grupo de procesados asciende a $396.834.168.801.

Gran parte de los procesamientos están basados en comunicaciones entre los investigados. En uno de los muchos mensajes ponderados, Atchabahian, que no era funcionario, le da indicaciones a Garbellini, director del organismo. “Por favor, invitá a 20 de junio. Gracias. Frena y dormí los pagos de dhiemo. Están jugando mal”, dice el médico, en noviembre de 2024. “Comprendido”, le responde Garbellini.

“Sus ofrendas de esta semana”, le dice Garbeliini al empresario Calvete, en otro mensaje, donde adjuntaba órdenes de pago autorizadas por un total de $2.021.451.649. ”Fíjate PROFARMA", le marca Calvete, en alusión a su empresa. “La semana próxima, ya está programada 1621 M”, le contesta Garbellini.

Con la explosión del caso, el Gobierno echó a Garbellini y a Spagnuolo, que fue abogado de Javier Milei y uno de los más asiduos participantes en la veladas privadas de los domingos en Olivos. Además, se resolvió la intervención de la Agencia y se puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, la auditoría identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de 158.000 millones de pesos.

Este lunes, el secretario nacional de Discapacidad (el nuevo nombre que recibió la disuelta Andis), Alejandro Vilches, presentó su renuncia por “motivos personales”.

Los procesamientos en el caso fueron dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando caso todavía estaba a cargo del juzgado federal 11, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo.

El caso nació hace poco más de un año tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y Lule Memen.

El fiscal Picardi impulsó por etapas una investigación que tuvo intervenciones telefónicas, embargos, allanamientos y el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo, entre otras medidas.

Casi 700.000 dólares fueron encontrados en la casa de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía e hija del empresario; otros US$266.000, en el auto de Emmanuel Kovalivker, de la Suizo Argentina, mientras salía de su casa del barrio Nordelta.

La justicia puso la lupa sobre la Suizo Argentina al comienzo del caso, pero por el momento avanzó sobre otras líneas de investigación.

La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que los audios atribuidos a Spagnuolo son la piedra angular que sostiene la causa. Buscan declararlos nulos y, así, hacer el caer todo el caso.

Por ahora, la causa avanzó, aunque el juez Lijo ordenó peritar esas grabaciones.

Hoy, la Cámara le dio un fuerte espaldarazo a la investigación, al sostener que en ella se reunieron elementos de prueba por fuera de los audios, como allanamientos, pedidos de informes, intervenciones telefónicas y auditorías de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sustentan el avance de la causa y la legitimidad del proceso.

El juez Farah marcó que ni el fiscal Picardi ni el juez Casanello tomaron a las grabaciones como prueba para fundar las acusaciones.