Así como la política exterior de un país es clave para ordenar la política interna, el comercio internacional tiene un papel sustancial para establecer las prioridades de la producción. El agro lo sabe: es el principal generador de divisas por exportaciones de bienes del país.

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Curiosamente, pese a su importancia, las discusiones alrededor de los tratados comerciales o las políticas que aplican otros países no generan un gran interés en el establishment político y económico. Pareciera que solo fueran cuestiones que les preocupan a diplomáticos, empresarios o especialistas. Sin embargo, pueden tener un gran impacto en las decisiones de inversión y generación de empleo. En un país como la Argentina, históricamente cerrado al mundo y con escasa o nula vocación por desarrollar una política exportadora, el comercio internacional debería tener más relevancia.

Quizás la excepción sea el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que esta semana tuvo un hito para el país cuando se conoció, vía la Cancillería, que una pyme apícola de Entre Ríos, fue la primera empresa que exportó miel sin el 17,3% de arancel vigente con anterioridad a la puesta en vigencia del tratado.

Pero la asociación con el bloque comercial del Viejo Continente, que tiene uno de los mercados de consumo más apetecidos del mundo, no es sencilla porque históricamente ha recurrido a la aplicación de barreras no arancelarias para impedir la competencia.

En los últimos años, el énfasis estuvo puesto en la cuestión ambiental y la política del Pacto Verde que establece fuertes limitaciones al uso de fitosanitarios, fertilizantes y otros productos de la tecnología agrícola. Los propios productores europeos lo están padeciendo y a menudo realizan manifestaciones contra las decisiones de Bruselas.

El cuestionamiento de los países que le venden su producción agroindustrial a la UE es que se proponen establecer esas regulaciones a quienes les exportan y muchas de ellas van más allá de lo que fijan los estándares de los acuerdos fitosanitarios gloables. Pero, internamente, abren la discusión en cada uno de los países si corresponde adaptarse a esos requisitos o si hay que rechazarlos y buscar otros mercados. No hay una respuesta única.

La reciente detección de una carga de harina de soja argentina con el evento transgénico HB4 en la Unión Europea no fue solo un episodio técnico ni un problema puntual de laboratorio. Fue, sobre todo, una señal de alerta para toda la cadena agroindustrial. En un contexto en el que los mercados más relevantes endurecen sus requisitos, cualquier fisura en la trazabilidad, la segregación o el alineamiento regulatorio puede poner en jaque negocios multimillonarios.

La soja y sus derivados son el principal producto de exportación de la Argentina. Dentro de ese universo, la Unión Europea ocupa un lugar clave: es uno de los principales destinos de la harina de soja y un mercado de alto valor, exigente y cada vez más normativo. Allí, el problema ya no pasa solo por el precio o los volúmenes, sino por el cumplimiento estricto de estándares ambientales, sanitarios y tecnológicos. Una traza no autorizada puede, eventualmente, frenar un embarque.

El episodio HB4 expuso que la trazabilidad ambiental, aun siendo clave, no alcanza por sí sola. La cadena también está obligada a gestionar con extrema precisión la trazabilidad tecnológica. La convivencia de eventos biotecnológicos aprobados en algunos mercados y no autorizados en otros exige sistemas de información precisa y responsabilidades claras entre los actores de la cadena. Cuando eso falla —o cuando el importador pone en duda los métodos de detección—, el riesgo se multiplica.

El impacto no es solo comercial. Hay costos logísticos, riesgos reputacionales y un daño potencial a la marca país. La discusión técnica sobre los métodos utilizados por Países Bajos para detectar HB4 es válida y necesaria, pero no cambia el dato central: Europa puede aplicar un freno y cualquier incumplimiento, real o presunto, se transforma en un problema de mercado.

Claro, se argumentará también que históricamente la Unión Europea se ha opuesto a los avances de la biotecnología agrícola. Y que, a lo largo de las décadas, se demostró que todas las acusaciones y campañas en su contra fueron un fracaso. En todo caso, la respuesta debe ser de la política exterior del país y esta tiene más potencia cuando hay consenso interno.