El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.

Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.

Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.

Las defensas de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial, pues no están entre los condenados.

No obstante, el Tribunal Oral Federal dos y la Cámara Federal de Casación -en un voto dividido- rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados a posteriori por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.

Así lo señalaron fuentes judiciales a LA NACION.

Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal dos ordenó decomisar 111 inmuebles de los condenados: 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 que Máximo y Florencia Kirchner recibieron a título gratuito y el resto de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

La Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible el recurso extraordinario. Las defensas fueron en queja a la Corte, que no tiene plazo para resolver.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, planteó como primera cuestión federal una violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad. Báez y los hijos también habían recurrido

La decisión de la Cámara Federal de Casación no fue unánime al rechazar el recurso extraordinario. El fallo lo firmaron en mayoría Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con la disidencia parcial de Mariano Borinsky, quien consideró que debía habilitarse parcialmente la revisión para algunos inmuebles adquiridos antes del 2004.

Ese voto de Borinsky es el principal argumento con el que las defensas llegan al máximo tribunal para frenar el remate de los bienes.

La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.

Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma.

Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.

El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal dos, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.

Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.

Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.

En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 de dólares y otros 53.280,24 pesos.

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó una serie de medidas de prueba para reunir la información necesaria y todavía faltan algunas.

Mientras tanto, para evitar que los bienes se dispersen, el tribunal dispuso embargos preventivos sobre inmuebles de Los Sauces SA y Hotesur SA, y sobre bienes de Báez, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.

Cuando termine esa prueba, el Tribunal Oral Federal dos les pedirá a la fiscalía y a los acusados que expongan su punto de vista sobre estos decomisos y decidirá si esos bienes también se suman al remate final de bienes impuesto en la condena.

Más allá de la cuestión del remate de los bienes, dispuesto por la propia Corte Suprema cuando dejó firme la condena por Vialidad el 10 de junio de 2025, aún tramitan en la Corte otros asuntos relacionados con la ejecución de la pena.

Por ejemplo, el 17 de julio pasado la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que la defensa buscaba que la Corte revisara la obligación de la expresidenta de usar una tobillera electrónica en su casa, el régimen de visitas y el uso de la terraza en San José 1111.

Esta vez el juez Borinsky votó en disidencia y consideró que el planteo involucraba cuestiones constitucionales, como la privacidad y la igualdad ante la ley. Otra vez Hornos y Barroetaveña conformaron la mayoría.

Tras ese fallo, Cristina Kirchner fue en queja ante la Corte para que se anulen todas las restricciones de su arresto, a pesar de que en diciembre de 2025 el máximo tribunal ya había dejado firme la obligación de usar la tobillera y consideró abstracto el régimen de visitas porque había sido reemplazado.