A casi un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, un informe de 17 páginas elaborado por el Miranda Center for Democracy -fundado y dirigido por figuras de la oposición venezolana y estrechamente vinculado al equipo internacional de María Corina Machado- intenta responder una pregunta que sobrevuela desde el primer día de la tragedia: ¿cuánto de la devastación fue consecuencia inevitable de un desastre natural y cuánto respondió al deterioro y a la falta de acción del Estado venezolano?

Titulado “Un régimen que falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción”, el documento sostiene que los terremotos expusieron un sistema de respuesta inoperante.

Su conclusión central es que la corrupción, la militarización de la gestión de emergencias y el desmantelamiento de las instituciones civiles convirtieron un desastre natural en una tragedia mucho mayor.

El informe deja en claro desde el comienzo que se trata de una investigación crítica del gobierno venezolano. Sin embargo, buena parte de sus afirmaciones se apoyan en datos de Naciones Unidas, la NASA, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Transparencia Venezuela, organismos humanitarios y entrevistas con especialistas, además de testimonios recogidos por investigadores de la organización en las zonas afectadas.

Muchas de las escenas descritas también coinciden con lo que LA NACION observó durante varios días de cobertura en La Guaira, donde brigadas internacionales, vecinos y voluntarios encabezaban buena parte de las tareas de rescate mientras familiares excavaban entre los escombros con herramientas improvisadas.

Las primeras 72 horas

Uno de los ejes más fuertes del informe apunta a las primeras 72 horas posteriores a los terremotos, un período considerado decisivo para encontrar personas con vida bajo edificios colapsados.

Según el Miranda Center, ese lapso transcurrió sin una coordinación estatal efectiva. En lugar de activar protocolos nacionales de emergencia dirigidos por autoridades civiles especializadas, sostiene que la respuesta quedó bajo conducción de mandos militares sin experiencia específica en gestión de desastres, mientras vecinos, bomberos voluntarios y equipos internacionales asumían gran parte de las tareas de búsqueda.

Durante la cobertura realizada por LA NACION en La Guaira, esa escena se repetía una y otra vez: familiares removían escombros junto a rescatistas extranjeros, mientras grupos de voluntarios organizaban la distribución de alimentos, agua y herramientas.

Una Protección Civil debilitada

El informe sostiene que la precariedad del sistema de Protección Civil no nació con los terremotos, sino que era consecuencia de años de abandono institucional.

Cita testimonios de rescatistas que describen unidades operando con menos del 10% de su capacidad, sin tecnología suficiente, sin herramientas. Según el documento, cuando algunos funcionarios reclamaron públicamente mejores condiciones laborales, fueron detenidos por organismos de inteligencia.

El informe cita incluso el testimonio de un rescatista venezolano que resume esa situación con crudeza: “No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología... Estamos en la Edad de Piedra”.

Para el Miranda Center, esa debilidad estructural explica por qué las primeras tareas de rescate quedaron en manos de ciudadanos comunes, que recurrieron a mazas, picos y palas para intentar llegar hasta personas atrapadas bajo toneladas de hormigón.

Un contraste presente en todo el informe

Uno de los aspectos más llamativos del documento es el contraste permanente entre la inversión destinada durante años al aparato de control del Estado y la escasa preparación frente a desastres naturales.

Los autores recuerdan que Venezuela destinó más de 1000 millones de dólares al sistema de videovigilancia VEN911, con tecnología china, y adquirió 5239 camiones pesados de ese país.

Sin embargo, buena parte de ese equipamiento nunca apareció durante la emergencia provocada por los terremotos.

Mientras tanto, sostienen, Protección Civil perdió capacidad técnica, el equipamiento de monitoreo sísmico se redujo drásticamente y la infraestructura destinada a la respuesta ante emergencias quedó relegada durante años.

Ese contraste también aparece reflejado en otra escena observada por LA NACION en La Guaira. En varios sectores devastados, la conectividad más estable provenía de antenas Starlink desplegadas por equipos internacionales y organizaciones humanitarias, que permitían enviar coordenadas y mantener comunicaciones en una ciudad donde gran parte de la infraestructura había quedado destruida.

Las cifras que no cierran

Otro de los puntos sobre los que insiste el informe es la diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones de organismos internacionales. Según el documento, esa brecha dificulta conocer la verdadera dimensión de la tragedia y, al mismo tiempo, condiciona la planificación de la reconstrucción.

Mientras el gobierno venezolano informó hasta el 19 de julio 5208 muertos, 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y unas 18.000 personas sin hogar, el Miranda Center destaca que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una probabilidad superior al 70% de que la cantidad de fallecidos supere los 10.000, mientras que distintas agencias internacionales calcularon daños materiales muy superiores a los reconocidos oficialmente.

El documento también señala que la NASA estimó que casi 58.870 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos, muy por encima de los poco más de mil inmuebles afectados informados oficialmente. Naciones Unidas, agrega, calcula que el costo de la reconstrucción podría alcanzar los 37.000 millones de dólares.

Un antecedente ignorado

Uno de los capítulos más interesantes del trabajo retrocede casi tres décadas para establecer un paralelismo con la tragedia de Vargas de 1999, cuando deslizamientos de tierra e inundaciones provocaron decenas de miles de muertos en la misma región que ahora volvió a quedar devastada.

El informe sostiene que aquella tragedia impulsó una legislación moderna sobre gestión integral de riesgos y motivó inversiones iniciales en monitoreo y prevención. Sin embargo, afirma que esas reformas fueron perdiendo autonomía con el paso de los años, mientras los organismos especializados cedían espacio, sin mucha alternativa, frente a estructuras cada vez más militarizadas y politizadas.

La crisis de 2026 es, en ese sentido, parecida a la de 1999. No porque los fenómenos naturales hayan sido idénticos, sino porque, a su juicio, las debilidades institucionales que quedaron expuestas entonces nunca fueron corregidas.

Misión Vivienda, bajo la lupa

El informe dedica uno de sus capítulos más extensos a la Gran Misión Vivienda, el ambicioso programa habitacional impulsado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Los investigadores sostienen que numerosos complejos fueron construidos sobre terrenos aluvionales o geológicamente inestables, algunos de ellos en áreas que ya habían quedado devastadas durante la tragedia de Vargas de 1999.

Además, afirman que nunca existieron auditorías sísmicas independientes que permitieran evaluar la seguridad estructural de esos edificios.

El documento recuerda que ingenieros venezolanos ya habían expresado preocupación por la resistencia sísmica de algunos complejos tras un sismo moderado registrado en 2017, aunque esas advertencias, según el informe, no derivaron en inspecciones públicas ni en obras de refuerzo.

El Miranda Center también cuestiona la militarización de la respuesta durante los días posteriores a los terremotos. El ingreso a La Guaira quedó sujeto a un sistema de acreditaciones y distintos controles demoraron el ingreso de voluntarios, bomberos y convoyes humanitarios.