Mientras escala la polémica que protagonizó el presidente Javier Milei con la promoción de la criptomoneda $LIBRA, la oposición intenta convertir al Congreso en caja de resonancia del escándalo. Al pedido de juicio político que formuló el kirchnerismo –la iniciativa más extrema– y la creación de una comisión investigadora adhoc formulada por otros bloques, en las últimas horas se sumaron sendos pedidos para citar a las principales figuras de gabinete libertario a la Cámara de Diputados.

Una de las iniciativas apunta interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Fue presentada por un grupo de diputados de Encuentro Federal. En paralelo, la Coalición Cívica reclamó que sea Francos quien comparezca al recinto por tratarse del ministro coordinador del Gabinete.

Ninguna de las iniciativas hasta ahora presentadas tiene el consenso suficiente para avanzar; de allí que, informalmente, distintos operadores de la oposición iniciaron conversaciones en las últimas horas para llevar adelante una única estrategia. En cualquier caso, deberán esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias y emplazar a las comisiones respectivas para darle curso a cualquiera de las propuestas en danza, conscientes de que el oficialismo y sus aliados intentarán frenarlos.

“Nosotros impulsamos el juicio político del Presidente porque creemos que la comisión ya brinda el ámbito para iniciar la investigación. Pero si reúne consenso de los demás bloques, estamos abiertos a apoyar otras iniciativas, sea la interpelación o la creación de una comisión investigadora”, deslizan en el kirchnerismo.

Quienes impulsan el pedido de interpelación a las principales figuras del gabinete libertario sostienen que, si el Gobierno acepta, podría aprovechar el escenario para dar las explicaciones correspondientes e intentar salir de la encerrona en la que se encuentra.

La figura de la interpelación a un ministro está prevista en el artículo 71 de la Constitución Nacional; para ello, la resolución respectiva debe ser aprobada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Solo atañe a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, no al Presidente. Son escasos los antecedentes de una interpelación a un ministro en el Congreso: la más resonante fue la que protagonizó el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1995, que duró once horas.

“La gravedad del hecho radica en que el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores. Este episodio no solo afectó el patrimonio de los inversores damnificados, sino que generó un grave daño a la confianza en las instituciones argentinas y a la credibilidad del país en los mercados financieros internacionales”, argumentaron Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores del proyecto.

No firmó el pedido el jefe de la bancada, Miguel Pichetto. Si bien está de acuerdo con la interpelación, cree que sería contraproducente convocar a la hermana del presidente, Karina Milei que, descuenta, no vendrá.

Por su parte, el bloque de la Coalición Cívica presentó un pedido para que Francos sea citado al recinto en virtud del artículo 100 de la Constitución. “El jefe de Gabinete es el responsable político ante el Congreso y de la administración general del país”, argumentó.

Con el bloque de la Coalición Cívica, presentamos un proyecto de Resolución para citar a la Cámara de Diputados de la Nación al Jefe de Gabinete de Ministros, Sr. Guillermo Francos, como responsable político ante el Congreso de la Nación y de la administración general del país, a…

Ambos bloques –Encuentro Federal y la Coalición Cívica– incluyen en sus proyectos un amplio listado de preguntas que atañen al escándalo. No solo pretenden indagar sobre la relación entre los empresarios vinculados a las criptomonedas con funcionarios del Gabinete, sino también sobre la presunta existencia de beneficios indebidos y el impacto económico financiero que provocó la maniobra.