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El Gobierno admite que tiene los votos justos para aprobar la suspensión de las PASO en el Senado

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El traspié en el Senado por el sistema de colectoras casi le sale caro al Gobierno. Lo obligó a desandar una estrategia improvisada y dar marcha atrás para avanzar con un dictamen que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por un año y una reforma electoral de más largo plazo, con una serie de cambios introducidos a último momento. Así, al filo de los plazos, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto el jueves próximo, al filo del cierre del período ordinario.

“Con 40 votos vas tranquilo, con menos, a intentar ganar”, resumen en las filas libertarias. La segunda opción parece ser el escenario que contempla La Libertad Avanza para la próxima sesión.

Pese al alivio que significó para el Gobierno haber destrabado el dictamen por la suspensión de las PASO, los números de cara al debate en el recinto siguen ajustados. En un primer momento, apenas conseguidas las 11 firmas para el dictamen, algunos libertarios ya se jactaban de tener al menos 40 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el optimismo fue bajando con el correr de los días.

Según pudo constatar LA NACION, el oficialismo tendría asegurados 37 votos, aunque en sus propias filas elevan la cuenta a 38. Los más optimistas incluso se animan a estirar el poroteo a 39. “Siempre y cuando no haya un martes 13”, advierten.

“Son acuerdos políticos y de acá al jueves todo puede cambiar”, reconoce un senador que suele ubicarse entre los “indecisos”. Es que las negociaciones siguen abiertas, tanto con los gobernadores como con los propios legisladores, sobre todo si se tiene en cuenta que un tercio de las bancas deberá renovarse el año próximo y no todos responden directamente a los mandatarios provinciales.

Este escenario complejiza el toma y daca que articula desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundado en menor medida, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras tanto, las negociaciones en el Senado volvieron a quedar en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, especialmente después de su intervención en la comisión de Asuntos Constitucionales para destrabar el dictamen mediante la eliminación del sistema de listas de acople o colectoras, cuya incorporación a pedido de cinco gobernadores radicales había puesto en riesgo el acuerdo.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, el Poder Ejecutivo logró avanzar en acuerdos con Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral en su provincia.

Por otro carril avanzan las conversaciones por el nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento permanece frenado, y la disputa por el cuarto lugar que le corresponde a Diputados en el Consejo de la Magistratura, que el mandatario santafesino, referente de Provincias Unidas (PU), reclama para Juan Brugge. Ambas cuestiones habrían influido en su decisión de pedirles a los diputados que le respondieran que se levantaran de sus bancas durante la última sesión.

En el caso del bloque de la UCR en el Senado, el oficialismo confía en sumar al menos ocho de sus diez integrantes para suspender las PASO. Entre quienes dan por descontados figuran Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).

A esta lista se sumaría el catamarqueño Flavio Fama, quien históricamente se pronunció en contra de las PASO, pero este miércoles fue uno de los senadores que firmó el dictamen en disidencia, luego de plantear una serie de condiciones para acompañar el texto, entre ellas, la incorporación de Ficha Limpia y la obligatoriedad de los debates presidenciales en caso de balotaje. A esto se suman las especulaciones sobre posibles acuerdos políticos o “gestos” que podrían haberle demandado como devolución de antiguas gentilezas.

Cerca del senador juran y perjuran que, pese a que su mandato vence el próximo año, su postura no responde a una negociación por la renovación de su banca. Incluso sacan a relucir que ya inició los trámites jubilatorios para despejar cualquier sospecha. Con su eventual respaldo, serían ocho los votos radicales que se sumarían a los 21 del bloque de LLA.

En cambio, persisten las dudas sobre Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa), quienes no responden directamente a ningún gobernador. Ambos dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, aunque por ahora mantienen abierta su definición.

A estos 29 votos se sumarían los tres del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, quien hasta ahora se había manifestado en contra de la iniciativa. De hecho, el domingo pasado cuestionó el cambio de las reglas electorales al considerar que implicaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.

La postura cambió después de que el expresidente Mauricio Macri bajara una línea clara durante una reunión de la dirigencia partidaria esta semana: el bloque, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), acompañará el proyecto.

La decisión llega en momentos en que Pro sigue negociando un entendimiento electoral con LLA. “Es una demostración de acercamiento para el acuerdo”, admitió un dirigente del macrismo a LA NACION.

Desde las huestes libertarias también se esperanzan con el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Al igual que con los avales de la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Otros dos votos que los violetas contemplan para la sesión del jueves son los de Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos de Provincias Unidas. Esta última, que aportó la firma número 11 para el dictamen, se convirtió en una figura clave y ganó protagonismo durante el debate en comisión, cuando le marcó la cancha al oficialismo al exigir cambios en el texto.

Frente a este escenario, el Gobierno contaría con 38 respaldos. De reojo y sin demasiadas expectativas, también sigue de cerca a la bancada de Convicción Federal, integrada por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes mantienen vínculos políticos con los gobernadores del norte.

“El único que podría aportar su voto es Andrada”, comenta un senador oficialista, que también pone el foco en las presiones que enfrentaría Moisés si decidiera acompañar al Gobierno, con el riesgo de quedar apuntalada como una “traidora al peronismo”.

De todas formas, en los distintos espacios coinciden en que el poroteo está lejos de cerrarse y que los votos no necesariamente responderán todos a los acuerdos previos. “No es tan taxativo que los gobernadores puedan ordenar de manera lineal. Hay un tercio de los senadores que reeligen”, plantea un legislador que aún no tiene definida su postura. “Es una cámara abierta, no vas a tener disciplina de bloque”, remata.

El proyecto

Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia”, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.

Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.

La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.

Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.

Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.

Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-admite-que-tiene-los-votos-justos-para-aprobar-la-suspension-de-las-paso-en-el-senado-nid21112026/

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