El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) difundió información comparativa sobre los recursos humanos requeridos en operativos migratorios según el nivel de cooperación jurisdiccional. Los datos revelaron las diferencias operativas que enfrenta la agencia federal cuando lleva a cabo arrestos en ciudades santuario frente a lugares que sí colaboran con sus órdenes de detención.

Cómo opera el ICE en jurisdicciones cooperativas y no cooperativas

En un comunicado en redes sociales, la agencia explicó que cuando una cárcel o prisión local respeta sus solicitudes, el traslado de una persona bajo custodia ocurre en un ambiente controlado y con un número reducido de agentes. En ese escenario, basta con dos oficiales federales para asegurar al detenido.

“Los extranjeros deportables pasan de la custodia local a la custodia federal, sin posibilidad de dañar al público”, aseguraron en X sobre lo que consideran como la manera más segura de llevar a cabo las redadas migratorias.

En contraste, en territorios que no colaboran identificados como “ciudades santuario”, los agentes deben realizar arrestos en la comunidad, lo que exige entre ocho y diez efectivos. El ICE advirtió que estos procedimientos son más complejos y conllevan riesgos tanto para la población como para los propios oficiales.

Las órdenes de detención migratoria y su rol en la cooperación

Una de las estrategias de la agencia, en colaboración con jurisdicciones cooperativas, es a través de órdenes de detención migratoria, solicitudes formales enviadas por ICE a cárceles y centros penitenciarios locales que mantienen bajo custodia a personas consideradas deportables. Según su sitio web oficial, estas órdenes solo se emiten cuando existe causa probable de que la persona puede ser expulsada bajo la legislación federal de inmigración.

Cuando las autoridades locales acatan la orden, notifican a ICE antes de liberar al detenido, lo que permite a los agentes federales recibirlo directamente en, lo que consideran, un entorno seguro. Esta práctica sostiene la agencia, evita que individuos potencialmente peligrosos vuelvan a circular en la comunidad.

En los casos en que los gobiernos locales rechazan la colaboración, los equipos de la agencia federal deben localizar y arrestar al inmigrante fuera de una instalación carcelaria. El organismo indica que esta situación aumenta los riesgos operativos, ya que las detenciones se producen en espacios no controlados.

¿Qué es y cuáles son las ciudades santuario?

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) identificó como “jurisdicciones santuario” a aquellos estados, condados y ciudades que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales. Aunque no existe una definición única, el término se aplica a gobiernos que restringen la entrega de información o la colaboración directa con ICE.

De acuerdo con esa clasificación, unas tres docenas de jurisdicciones forman parte de este grupo. Entre los estados figuran:

CaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaIllinoisMinnesotaNevadaNueva YorkOregonRhode IslandVermontWashington

También se incluyen condados como Cook en Illinois, San Diego y San Francisco en California y Baltimore en Maryland. A nivel de ciudades, destacan metrópolis como:

Albuquerque, Nuevo MéxicoBerkeley, CaliforniaBoston, MassachusettsChicago, IllinoisDenver, ColoradoEast Lansing, MichiganHoboken, Nueva JerseyJersey City, Nueva JerseyLos Ángeles, CaliforniaNueva Orleans, LuisianaCiudad de Nueva York, Nueva YorkNewark, Nueva JerseyPaterson, Nueva JerseyFiladelfia, PensilvaniaPortland, OregónRochester, Nueva YorkSeattle, WashingtonCiudad de San Francisco, California

El DOJ aclaró que la lista no es definitiva y se actualiza a medida que surgen nuevos datos.

Las tensiones entre el gobierno federal y las ciudades santuario

La política de ciudades santuario se convirtió en un punto de fricción entre las autoridades federales y los gobiernos locales. Bajo la administración de Donald Trump, el ICE intensificó los operativos en estas jurisdicciones, lo que generó protestas y debates sobre el alcance del poder federal frente a la autonomía local.

Tom Homan, asesor migratorio y exdirector interino de ICE, afirmó que la atención en estas jurisdicciones no responde a un criterio partidista, sino a que allí se concentra, según sus palabras, un problema de seguridad pública. Sostuvo que la liberación de inmigrantes sin notificación a la agencia federal constituye un riesgo constante.

El argumento central del organismo federal es que la falta de colaboración obliga a realizar arrestos más peligrosos, con mayor despliegue de personal y en entornos donde el control es limitado.