Pocos días atrás, tuvo lugar el acto conmemorativo de los 32 años de la mayor tragedia terrorista en la historia latinoamericana, el atentado cuyo brazo ejecutor fueron miembros de Hezbollah por mandato expreso de las autoridades de Irán en la sede de AMIA. Así se desprende de los elementos probatorios consignados en la causa, de acuerdo con la línea de investigación marcada oportunamente por el fiscal Alberto Nisman.

Siguiendo las resoluciones del juez de instrucción subrogante, Daniel Rafecas, a instancias de las solicitudes del titular de la Unidad Fiscal, Sebastián Basso, las querellas de AMIA-DAIA y un grupo de víctimas pidieron la aplicación de la ley de juicio en ausencia, que reformó los códigos procesales nacional y federal.

Varias semanas después, el defensor oficial técnico de los acusados identificados se opuso a la aplicación de este valioso instituto por considerarlo inconstitucional.

Sus asistidos en ausencia, que se encuentran en estado de rebeldía desde hace años, burlándose de las notificaciones rojas de Interpol, han expresado públicamente en medios de prensa, incluso argentinos, que no reconocen la jurisdicción nacional y por ende, jamás se presentarán ante la Justicia de nuestro país, a pesar de viajar por países como Venezuela, Nicaragua o Rusia, haciendo colapsar el sistema de detenciones obligatorias, por contar con la complicidad política de los gobernantes de los estados mencionados, además de abusar del uso de pasaportes diplomáticos que otorgan determinadas inmunidades.

Con poco más de un año de vigencia de la ley de juicio en ausencia, se impone celeridad para que puedan resolverse las cuestiones planteadas por las partes ante la Cámara Federal de Casación.

En el discurso pronunciado al cumplirse el aniversario del atentado, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo que “no podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, que deben resolverse prontamente para que se convierta en realidad el juicio en ausencia contra los acusados del atroz ataque, que dejó 85 víctimas mortales y más de 300 heridos. Es imperioso dejar atrás las notorias ineficiencias iniciales de la investigación, al igual que la falta de capacidad del Estado para prevenir, investigar y juzgar, conforme la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitió remover los obstáculos de iure y de facto para que pueda de una vez por todas comenzar el juicio oral y público.