Recientemente advertimos desde estas columnas sobre el peligro de convertir la visita de León XIV en un episodio más de las interminables disputas políticas argentinas. Sostuvimos que la presencia del Pontífice debía servir para unir, no para dividir. Y que tanto las autoridades civiles como eclesiásticas tenían la obligación de preservar el carácter pastoral de ese acontecimiento.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a ofrecer un ejemplo de lo que no debe hacerse. Durante una visita a Luján, donde León XIV hoy celebrará una misa, el mandatario bonaerense invocó las enseñanzas papales sobre la justicia social, la solidaridad y la defensa de los más humildes. Hasta allí, nada objetable. El problema aparece cuando esas referencias, formuladas en medio de una confrontación política permanente, se utilizan para insinuar que la autoridad moral del Pontífice respalda las posiciones de un determinado sector.

El Papa no vino a la Argentina para convalidar el discurso de Kicillof, ni el del presidente Milei, ni el de ningún otro dirigente. Su misión es infinitamente más importante y trascendente que las disputas circunstanciales de nuestra política. Son, en tal sentido, valiosas las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, quien pidió evitar las interpretaciones partidarias de los mensajes del Papa.

Resulta particularmente desafortunado que quien gobierna la provincia más poblada del país pretenda impartir lecciones de sensibilidad social mediante la invocación a una autoridad religiosa. La pobreza, la inseguridad, las deficiencias educativas, el deterioro de los servicios públicos y los graves problemas de integridad institucional que afectan a la provincia deberían ofrecerle motivos suficientes para ejercer esa sensibilidad mediante hechos concretos.

La doctrina social de la Iglesia no constituye un repertorio de consignas que los políticos puedan seleccionar según su conveniencia. Sus exigencias morales comprenden también la honestidad, la responsabilidad personal, el respeto por la verdad, la administración prudente de los recursos públicos y el rechazo de toda forma de corrupción.

Quizás el gobernador encontraría en esas enseñanzas una oportunidad más provechosa para examinar su propia gestión que para formular reproches implícitos a sus adversarios.

No se trata de impedir que los gobernantes expresen sus convicciones religiosas ni de exigirles silencio ante las injusticias. Se trata de recordarles que ninguna autoridad política puede arrogarse la representación del mensaje pontificio, mucho menos cuando esa apropiación amenaza con profundizar las divisiones que la visita propone contribuir a superar.

La Argentina lleva demasiado tiempo convirtiendo todas sus instituciones, sus símbolos y hasta sus celebraciones en instrumentos de enfrentamiento. Sería imperdonable que también se intentara utilizar la presencia de León XIV con semejante propósito.

El gobernador debería recordar que el Papa viene a hablarles a todos los argentinos, incluidos aquellos que no comparten sus ideas o su fe. Y que la autoridad moral no se adquiere citando las palabras de otros: se demuestra mediante la propia conducta.

El Papa viene a unir. Quienes pretendan utilizarlo para dividir no habrán comprendido su mensaje.