Un juez federal en Mobile, Alabama, emitió una orden judicial que exige la liberación inmediata de cualquier trabajador que presente documentación que acredite su presencia legal en Estados Unidos, como una Real ID. Además, la medida prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar redadas sin orden de registro en obras de construcción.

El alcance del fallo sobre trabajadores que muestran una Real ID

El tribunal federal de Alabama tomó la determinación a partir de una demanda en la que el ciudadano estadounidense Leo García Venegas, un trabajador de la construcción en el condado de Baldwin, solicitó representar a otros trabajadores en una acción colectiva

La decisión judicial suspende temporalmente tres políticas específicas del DHS mientras continúa el proceso legal.

Entre los principales impactos, la orden suspende una política que permitía mantener retenidos a los trabajadores después de que mostraran pruebas de ciudadanía o residencia legal, según informó el Institute for Justice (IJ), que representa a Venegas.

García Venegas, principal demandante, fue detenido en tres ocasiones desde la primavera de 2025, a pesar de portar y mostrar su Real ID estatal válida.

“Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo. Los estadounidenses no pueden ser detenidos y retenidos por la policía cuando no están haciendo nada malo”, sostuvo.

El impacto del fallo contra el ICE en Alabama

Además del efecto que tiene la determinación sobre las personas que cuentan con REAL ID o una identificación similar, la orden también suspendió otras dos políticas del DHS relacionadas con la detención de inmigrantes:

Política de entrada sin orden judicial (Warrantless Entry Policy): permitía a los agentes de inmigración realizar redadas e ingresar a terrenos o construcciones privadas sin contar con una orden judicial ni con el consentimiento de los propietarios o encargados.Política de detención preventiva (Preemptive Detention Policy): autorizaba a los agentes a detener de manera colectiva o preventiva a los trabajadores de una obra sin tener una sospecha particularizada e individual sobre su estatus migratorio.

“Al dejar sin efecto esas políticas inconstitucionales, el tribunal ha restablecido el estado de derecho. Los trabajadores de la construcción, como Leo, por fin podrán volver a trabajar en paz”, expresó Jared McClain, abogado principal del IJ.

Durante las audiencias, los representantes del DHS expresaron su postura en defensa de la legalidad de las detenciones migratorias. Un funcionario testificó que los agentes no consideran la Real ID como una prueba confiable de presencia legal, a pesar de que el propio DHS administra el marco regulatorio del REAL ID Act.

Asimismo, el DHS argumentó que trata las obras de construcción como “campos abiertos” a los que puede ingresar sin justificación.

El caso que inspiró el fallo contra el ICE

El trabajador de la construcción en el condado de Baldwin, Alabama, fue quien interpuso la demanda tras ser detenido en tres ocasiones. En mayo y junio de 2025, los agentes ingresaron sin orden a los sitios de trabajo privados donde trabajaba e ignoraron su identificación.

Más cerca en el tiempo, en mayo de 2026, los agentes lo siguieron hasta su casa, lo abordaron en la entrada de su vehículo, lo taclearon, esposaron, encadenaron y encerraron en una patrulla mientras intentaba enseñarles su REAL ID, según relató en diálogo con IJ.

Estas acciones derivaron en el litigio judicial, cuya resolución momentánea suspendió las tres políticas del DHS. Con estos antecedentes y tras el fallo preliminar, Leo presentó notificaciones de intención de demandar a las agencias federales involucradas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), las cuales se sumarán al caso principal.