Hace unos meses las noticias dieron visibilidad al caso del médico Pablo Ghisoni, detenido durante tres años con prisión preventiva debido a una falsa denuncia de abuso sexual que lo mantuvo alejado de sus hijos por más de una década. Transcurrido el tiempo, en emotivas declaraciones, Tomás, uno de ellos, aclaró que los abusos nunca existieron y responsabilizó a su madre de haberlo manipulado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la más que justa absolución de Ghisoni.

Un descubrimiento casi casual de situaciones similares en la provincia de Santa Fe, fruto de conversaciones de pasillo entre letrados, condujo a una investigación que identificó a profesionales de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), del sur de Rosario, que venían utilizando formularios prearmados, los que eran completados con observaciones repetidamente idénticas en diversas situaciones de vinculación parental. La demanda penal presentada contra tres psicólogas por asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado es de septiembre de 2025. Acusadas de integrar una organización privada que algunas versiones vinculan con el hoy exjuez federal Carlos Rozanski -quien renunció hace tiempo a su cargo para evitar ser destituido tras acusaciones por mal desempeño vinculadas con maltrato laboral contra sus empleados-, eran las firmantes de por lo menos seis falsos informes, prácticamente idénticos salvo por los nombres, dirigidos a sostener las medidas cautelares para evitar o postergar la revinculación parental.

Los casos se repiten. Marcelo Liaud, privado de ver a su hijo durante siete años, resultó sobreseído luego de ser acusado de abuso sexual por su expareja. Sobreseído no es absuelto. La responsabilidad de la Justicia es indiscutible cuando las medidas se prologan indefinidamente en el tiempo, cuando carecen del menos común de los sentidos y cuando no exigen premura al ordenar algo cuyo cumplimiento se demora.

Un médico de la ciudad de Bolívar, juzgado por abuso sexual gravemente ultrajante de su hija menor, con la que perdió todo contacto por más de cinco años, fue absuelto recientemente tras descubrirse que la fiscal era amiga de la denunciante.

Luego de perder estado parlamentario, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales produjo dictamen favorable al proyecto que propone endurecer las penas previstas para falsas denuncias, elevándolas de 3 a 6 años cuando involucren situaciones de violencia de género y abuso sexual a menores. La senadora Carolina Losada (JxC) sostuvo con razón que “las penas actuales son prácticamente inexistentes” y que este tipo de denuncias “arruinan vidas, llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, los que deberían ir a las verdaderas víctimas”.

El principio de inocencia, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley y la correcta aplicación de la carga de la prueba son derechos fundamentales que se ven vulnerados por denuncias ligadas al ámbito intrafamiliar. Más allá de un fallo judicial, recomponer los vínculos, recuperar los afectos y el respeto de una sociedad puede volverse imposible. Asistimos a una nueva forma de criminalidad que se vale de las instituciones judiciales y que invierte el principio de igualdad ante la ley. En nombre de unos derechos casi siempre uniparentales, se ha venido imponiendo un sesgo ideológico potenciado por dosis de negligencia institucional, que carga injustamente sobre personas inocentes y que perjudica gravemente a los niños. Esas tan agotadoras como dolorosas batallas judiciales están despertando a una sociedad que reacciona. Enhorabuena.