El dirigente social Juan Grabois volvió a apuntar contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la causa de los alimentos que no fueron distribuidos a comedores. “¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, escribió el líder del Frente Patria Grande en sus redes sociales y adjuntó una foto de un archivo Excel donde figuran distintos lotes de leche en polvo que, según aseguró, estarían acopiados en los galpones del Gobierno y vencen en julio próximo. “Rinden 2.718.936 litros de leche líquida”, detalló y acusó que aún no hay “un cronograma de entrega”.

Grabois dijo que de la información oficial sobre la causa resulta que de las entregas realizadas hasta este jueves “pocas tienen que ver con emergencias”, en referencia a la decisión del Gobierno de dar a esos alimentos tal destino. “Se derivaron a instituciones religiosas, municipios y provincias. Incluso, un conocido movimiento piquetero recibió 225,050 kg de alimentos”, apuntó.

Según la información oficial ingresada por el gobierno nacional a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada Pettovello, hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo 339.867 kg de leche en polvo que… pic.twitter.com/tfd3Kzi3Ye

“Dejo en claro que me parece muy bien que dichas instituciones reciban alimentos, lo que me parece mal es que el Gobierno mienta permanentemente para justificar su insensibilidad e ineptitud, pero sobre todo que esté desabasteciendo el 90% la red de ayuda social que tejimos durante décadas para abordar los problemas básicos que ni el Estado ni el mercado resuelve en un contexto de duplicación de la extrema pobreza”, sentenció en un posteo en su cuenta de X.

Tras ello aseguró: “Vamos a demostrar que todos los convenios de alimentos realizados en los últimos años a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con las organizaciones sociales, que patrocino como abogado, se ejecutaron y rindieron de manera incuestionable”. Grabois dijo que la decisión de “rescindir esos contratos - pese a las auditorías nacionales e internacionales - en el marco del crecimiento de la indigencia es producto de una criminal arbitrariedad política que implica abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario”.

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