Impuesto de sellos: llegó la hora de terminar con esta reliquia colonial
La Argentina tiene una capacidad extraordinaria para modernizar sus discursos económicos y conservar intactos sus impuestos más antiguos. Hablamos de inteligencia artificial, economía digital, c...
La Argentina tiene una capacidad extraordinaria para modernizar sus discursos económicos y conservar intactos sus impuestos más antiguos. Hablamos de inteligencia artificial, economía digital, competitividad internacional, inversiones y modernización del Estado, pero seguimos cobrando un tributo cuyos antecedentes se remontan a 1638, cuando la Corona española estableció el uso de papel sellado para dar validez a determinados documentos.
Casi cuatro siglos después, el papel sellado desapareció, los contratos se digitalizaron, las operaciones se realizan electrónicamente, pero el impuesto sigue vigente.
En la Argentina, los impuestos parecen tener una expectativa de vida mucho mayor que los sujetos que deben pagarlos.
1) Todavía nos cobran por firmar
Parece una broma, pero es una realidad. Cuando alguien alquila una propiedad, compra un inmueble, adquiere un vehículo, solicita financiamiento o celebra determinados contratos comerciales, puede encontrarse con un costo tributario adicional: el impuesto de sellos. La pregunta es inevitable: ¿qué sentido tiene que el Estado cobre por el solo hecho de formalizar una operación económica?
2) Un impuesto que castiga antes de que exista una ganancia
El problema de Sellos no es solamente su antigüedad. Es, fundamentalmente, su lógica económica. Se trata de un impuesto que puede gravar determinados actos y contratos por su instrumentación, independientemente de que la operación produzca ganancias o pérdidas.
El Estado provincial no necesita que el negocio sea exitoso. Le alcanza con que exista un contrato gravado. Es una suerte de peaje sobre la formalización de la actividad económica.
Una empresa puede endeudarse para financiar una inversión y pagar Sellos antes de generar un solo peso de rentabilidad. Un comerciante puede firmar un contrato para ampliar su negocio y soportar el impuesto aun cuando el proyecto termine fracasando. Una familia puede afrontar costos adicionales al formalizar una operación inmobiliaria, comprar un auto o financiarse.
El Estado cobra por el contrato, no por el éxito de la operación. Es decir, se puede perder dinero en un negocio, pero el impuesto ya está ganado por el Estado. Y esto ocurre en un país que necesita desesperadamente más crédito, más inversión, más empresas y más actividad económica.
3) El impuesto que termina llegando al bolsillo de la gente
Hay quienes sostienen que Sellos es un problema de las empresas. Se equivocan. Los impuestos que encarecen las operaciones económicas pueden trasladarse, total o parcialmente, a los precios, los alquileres, los costos financieros y los servicios.
Cuando se encarece la formalización de un contrato, no necesariamente paga solamente quien lo firma. El costo puede distribuirse entre quienes participan de la operación y, finalmente, llegar al consumidor. Por eso, eliminar Sellos no es simplemente una reivindicación empresarial. También es una discusión sobre cuánto cuesta alquilar, comprar, financiarse, contratar y emprender en la Argentina.
Cada impuesto que encarece una operación es un obstáculo adicional para quien quiere progresar.
4) La propuesta del Gobierno abre una oportunidad
En este contexto, merece destacarse la iniciativa del ministro Luis Caputo de proponer a las provincias la eliminación del impuesto de sellos, ofreciendo que la Nación compense el 50% de la recaudación que resignen las jurisdicciones.
La propuesta introduce una cuestión fundamental: la necesidad de compartir el esfuerzo fiscal entre los distintos niveles de gobierno para reducir impuestos que afectan la actividad económica. Naturalmente, la recaudación provincial no puede ignorarse. Sellos representa una fuente de recursos de relativa importancia para numerosas jurisdicciones. Pero tampoco puede utilizarse la necesidad de recaudar como argumento para perpetuar indefinidamente un tributo que encarece las operaciones y desalienta la actividad privada.
Los gobernadores tienen ahora una oportunidad para demostrar que la competitividad, la inversión y el desarrollo económico también forman parte de sus prioridades. La autonomía provincial es un principio constitucional. La perpetuidad de los impuestos distorsivos no debería serlo.
5) ¿Cuánto cuesta mantener un impuesto que desalienta la inversión?
La recaudación permite conocer cuánto dinero ingresa a las arcas provinciales. Pero no mide cuánto cuesta mantener el impuesto. ¿Cuántas operaciones se encarecen? ¿Cuántos proyectos pierden rentabilidad? ¿Cuántas inversiones se postergan? ¿Cuánto financiamiento adicional deben afrontar empresas y familias? Esos costos económicos no suelen aparecer en los presupuestos públicos.
Los gobiernos contabilizan con precisión los impuestos que cobran, pero rara vez calculan las inversiones que pueden estar desalentando. La discusión debería contemplar ambas dimensiones: el costo fiscal de eliminar Sellos y el costo económico de conservarlo.
Un impuesto pequeño para el conjunto de las finanzas públicas, pero costoso para la actividad privada. Su peso es considerablemente menor cuando se lo compara con la totalidad de los recursos provinciales, que también incluyen coparticipación y otras transferencias nacionales.
Naturalmente, su incidencia varía según la jurisdicción. En algunas provincias supera el 10% de los recursos tributarios propios. El promedio asciende al 9,4%.
6) Jubilar un impuesto del siglo XVII
Eliminar Sellos sería un paso importante, pero no suficiente para resolver el problema tributario argentino. La Argentina ha construido, durante décadas, un sistema en el cual la Nación, las provincias y los municipios gravan diferentes manifestaciones de una misma actividad económica, muchas veces sin evaluar su carga conjunta. El resultado es una verdadera carrera de obstáculos tributarios para producir, invertir, contratar trabajadores y exportar.
El siguiente desafío debería ser avanzar sobre Ingresos Brutos, un tributo que genera efectos acumulativos a lo largo de las cadenas de producción y comercialización, encareciendo los bienes y servicios.
También corresponde revisar las numerosas tasas municipales cuya relación con los servicios efectivamente prestados merece ser examinada.
La Argentina necesita una reforma tributaria integral, que simplifique obligaciones, elimine superposiciones y reduzca los costos de producir, invertir y trabajar formalmente.
No podemos pretender competir con el mundo mientras mantenemos estructuras tributarias que castigan cada etapa de la actividad económica. El impuesto de Sellos es un símbolo de esa contradicción: nació en una economía colonial, sobrevivió a la independencia, atravesó la organización nacional, soportó innumerables reformas económicas y llegó intacto a la era digital. Quizás haya llegado el momento de darle una jubilación definitiva.
La iniciativa del Gobierno Nacional abre una discusión que los gobernadores no deberían eludir. Porque la pregunta de fondo es muy sencilla: ¿queremos una Argentina donde sea más fácil invertir, producir y progresar, o vamos a seguir cobrando por cada paso que alguien da para conseguirlo?
No podemos construir una economía del siglo XXI con impuestos del siglo XVII. Y tampoco podemos pedirle a la gente que progrese mientras el Estado le cobra por intentarlo.