Una partera de 88 años fue imputada en Rosario por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de 10 años y falsedad ideológica de instrumento público, en una causa que investiga la posible entrega de recién nacidos a cambio de dinero ocurrida entre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1980.

La acusación fue formulada por la fiscal federal Soledad García, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz a fines de la semana pasada. Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web, la mujer se desempeñó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.

De acuerdo con la investigación, en 1970 habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba. La documentación consignaba como padres biológicos a dos personas ya fallecidas, identificadas por sus iniciales como E.A.Q. y A.T.B., cuando, según la acusación, no eran sus progenitores.

Pero el expediente no se limita a ese hecho. La fiscalía sostiene que la sospechosa habría actuado de manera sistemática entre 1968 y 1980, separando bebés de sus madres biológicas y entregándolos a terceros a cambio de dinero. Según la investigación, existen al menos otras cinco presuntas víctimas que denunciaron la supresión de su identidad.

Uno de esos casos corresponde a una mujer identificada con las iniciales D.E.V., conocida por el apodo “Dolly”, quien fue criada como hija de la propia imputada. En el marco de la causa, el juez autorizó una extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico entre ambas.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada en abril de este año por una mujer nacida en 1970, quien durante años tuvo dudas sobre su origen biológico. Según consta en la causa, en 2012 promovió un estudio genético con quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento. El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas.

La denunciante sostuvo que su identidad habría sido suprimida mediante una maniobra coordinada por la partera y que sus padres de crianza le habrían pagado dinero para acceder a la entrega de la niña. Según la pesquisa, para concretar la inscripción se habrían incorporado declaraciones falsas en el certificado de nacimiento.

Durante la audiencia, la defensa planteó la prescripción de la acción penal. Sin embargo, el juez rechazó ese pedido y convalidó la investigación. El magistrado consideró que los hechos encuadran en un delito continuado cuyos efectos persisten mientras no se establezca la verdadera identidad de las víctimas.

Además de la extracción de ADN, dispuso una serie de medidas cautelares para la acusada: la obligación de presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la prohibición de contactarse con las víctimas y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su web, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario habilitó el correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para recibir información relacionada con los hechos investigados y asistir a posibles víctimas.