La jueza porteña Laura De Marinis, que quedó en medio de la polémica al considerar que era inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años, habló este miércoles y cuestionó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por querer impulsar su juicio político y aseguró que eso “debilita las instituciones democráticas”.

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires defendió su fallo y apuntó contra aquellos que quieren impulsar su juicio político.

“No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que esta generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político, colocan en una situación de tensión institucional porque mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.

Tras ello, siguió: “El juicio político es para otro tipo de actuaciones y otros incumplimientos, que no es el caso. Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación. Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función a una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional. Coloca un manto de dudas sobre las instituciones”.

Y agregó: “Yo soy muy responsable con mis tareas, estoy de turno desde el 1 de septiembre. Anoche no dormí, tampoco mi secretaria, me llamaron para resolver la situación de los adolescentes. Que por el fundamento de mis decisiones digan que van a impulsar un juicio político, es debilitar las instituciones democráticas. Me parece de extrema gravedad que el jefe de Gobierno pida mi juicio político”.

En otro tramo de la entrevista, De Marinis insistió en que su fallo habla del caso en concreto -un intento de robo- y no sobre la aplicación de la ley en otras cuestiones.

Y es que uno de los fundamentos principales que expuso la magistrada en su resolución judicial sobre la situación del adolescente imputado en una causa por tentativa de robo, identificado como M.I.A., fue, entre otros, que someter a un proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso institucional, un hecho “regresivo”, con respecto al estándar internacional previo, con lo que considera que se vulneran los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, marcó.

“Este adolescente estaba sin educación, sin poder alimentarse, ¿entonces le aplicamos el sistema penal?“, preguntó y aseguró que ”si existiesen herramientas estatales para ayudarlo" no hubiese dictado ese fallo.

Las declaraciones de De Marinis llegan luego de que Jorge Macri, entre otros dirigentes a favor de la Ley Penal Juvenil, cuestionara su fallo y pidiera su juicio político. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, escribió el jefe de Gobierno en sus redes sociales.

Después del mensaje, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció su presentación ante el Consejo de la Magistratura de un pedido para activar el proceso de destitución de la jueza. La Libertad Avanza acompañará el intento de remover a la magistrada, mientras el Partido Justicialista (PJ) critica la denuncia y sostiene que el proceso no avanzará.

En su resolución, la cuestionada magistrada rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es “no punible”. Así, De Marinis desestimó el recurso al sostener que la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio”, por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño “debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad”.

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por tentativa de robo in fraganti por un hecho ocurrido el 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige desde el 5 de septiembre pasado.

La jueza planteó en su fallo la idea de dar una respuesta social desde el Estado (educación, contención, salud) en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, remarcó.