La Justicia de la Ciudad impuso una pena de casi diez años de cárcel a un peruano que fue capturado cuando intentó evadir un control vehicular al mando de una moto y se descubrió que se identificaba con un documento falso para ocultar un hecho trascendental de su pasado reciente: había reingresado ilegalmente a la Argentina tras haber sido expulsado del país, luego de una condena por robo.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) Nº 42, a cargo de Gonzalo Sansó, obtuvo mediante un juicio abreviado una pena única de nueve años y medio de prisión, en un acuerdo que fue homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, a cargo de María Julia Correa.

“El caso se inició en flagrancia, a partir de un control vehicular. Personal de la Policía de la Ciudad intentó detener a un motociclista que circulaba sin casco, pero el conductor hizo caso omiso de las señales y emprendió la fuga. La persecución se extendió desde el cruce de las avenidas Ramos Mejía y del Libertador hasta el barrio porteño de Núñez. Una vez detenido, exhibió un documento apócrifo que contenía su fotografía, pero consignaba un nombre falso”, informó el MPF de la Ciudad.

Tras la intervención inicial de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, el caso pasó a manos del fiscal Sansó, quien determinó que el detenido registraba en 2022 una condena a siete años de prisión por el delito de robo con uso de arma impropia y escalamiento, causa radicada en el Departamento Judicial de San Isidro. Se verificó que este año había sido expulsado del país, en el marco de la figura legal del extrañamiento. En consecuencia, tenía prohibición de reingreso al país.

El extrañamiento, previsto en la Ley de Migraciones Nº 25.871, permite que, bajo determinadas condiciones, la ejecución de una pena privativa de la libertad impuesta a una persona extranjera sea interrumpida a cambio de su expulsión del territorio nacional y con la prohibición de reingresar al país.

El imputado no solo reingresó al territorio nacional a pesar de la prohibición, sino que utilizó un documento falsificado. Durante la investigación, la Fiscalía logró acreditar que había proporcionado voluntariamente su fotografía para la confección del DNI apócrifo.

Por estos hechos, el fiscal Sansó lo imputó por los delitos de desobediencia a la autoridad y uso de documento público falso, y como partícipe necesario del delito de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad, todos en concurso real.

Finalmente, en virtud de sus antecedentes condenatorios, se celebró un acuerdo de pena única de 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, junto con la declaración de reincidencia.