Con saña, disfrutando del sufrimiento del pequeño felino y grabando cada detalle del brutal ataque, Orlando Gauna, de 18 años, mató a garrotazos a un cachorro de puma en la localidad cordobesa de La Playosa. Las imágenes circularon en redes sociales y desataron indignación. Sin embargo, la condena fue mínima: un año de prisión condicional y la obligación de terminar el secundario y capacitarse en fauna silvestre.

Un juicio abreviado inicial culminó con la sentencia dictada el 13 de octubre por la jueza María Soledad Dottori del Juzgado de Control de Villa María, a menos de veinte días del inicio del proceso. Además de la pena de prisión en suspenso, la magistrada ordenó que el joven complete sus estudios y realice una capacitación ambiental, según lo previsto en el artículo 27 bis del Código Penal.

Para ello, se sugirió recurrir a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.

La resolución también dispuso el decomiso del garrote utilizado y del teléfono celular con el que se filmaron los videos. La investigación comenzó el 22 de septiembre de 2025 en la Fiscalía de Competencia Múltiple N° 1 de Villa María, tras la viralización de las imágenes.

En un procedimiento rural cercano a La Playosa, se secuestró el arma y se halló el cuerpo del puma. Allí se produjo la detención del joven por infracción a la Ley 22.421.

Durante la indagatoria, Gauna reconoció su participación y solicitó resolver el caso mediante juicio abreviado. Con el acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF), el proceso se cerró por esa vía, contemplada en el Código Procesal Penal de Córdoba.

Según la sentencia, la decisión se ajusta a los compromisos asumidos por el Estado nacional y provincial en materia ambiental y de protección animal.

Aunque el fallo se ajusta a la legislación vigente, deja expuesta una tensión que suele generar indignación: la baja escala penal y la posibilidad de cumplimiento condicional cuando el imputado no registra antecedentes.

La combinación de registro audiovisual de la agresión y pena en suspenso reaviva el debate público sobre la proporcionalidad de las sanciones y la eficacia preventiva del sistema actual en lo que respecta al maltrato animal.

Este fallo se da en paralelo, al debate en el Congreso nacional de la Ley Conan, un proyecto que busca agravar las penas por maltrato y crueldad animal y que cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei.

La iniciativa propone modificar la Ley 14.346, vigente desde hace 70 años, y elevar las sanciones de los actuales 15 días a un año de arresto a penas de seis meses a cinco años de prisión efectiva. Además, plantea incorporar multas económicas de entre 5 y 30 salarios mínimos, vitales y móviles.

También tipifica conductas específicas como el abandono, el uso de animales en rituales, el sexo con animales y la crueldad extrema.

La discusión legislativa se suma a otros proyectos, como el de sintientes, presentado en 2024 por la actriz y activista Liz Solari, que propone declarar a los animales como seres sintientes en el Código Civil y Comercial. Mientras que la Ley Conan se concentra en el Código Penal.

El debate refleja una demanda social creciente: endurecer las penas y actualizar un marco normativo que muchos consideran obsoleto frente a la gravedad de los hechos.

El septiembre, la Legislatura porteña sancionó una norma que actualiza y agrava las penas contra el maltrato animal y la tenencia irresponsable de mascotas. La ley contempla multas más elevadas, la prohibición de contacto con animales para los “maltratadores” y la creación de un registro de personas sancionadas por conductas de crueldad.

Según cifras difundidas en el debate legislativo, en el primer semestre de este año se recibieron unas 700 denuncias por casos de crueldad contra los animales; en tanto que en los últimos cuatro años superan las 12.000.

La norma prevé cambios al Código Contravencional y al Régimen de Faltas para la actualización integral de las sanciones económicas, las cuales se establecen en Unidades Fijas, cuyo valor actual está en $798,51. También, dispuso subas a la cantidad de días de trabajo comunitario que regían anteriormente y, en dos casos, impuso el arresto.

La primera de las modificaciones más destacadas está vinculada al cuidado responsable de los animales domésticos por parte de sus dueños. El proyecto agravó las penalidades contra los tutores en los casos de abandono, por mantenerlos en condiciones y espacios inadecuados y por menoscabar su integridad física o psíquica.

Cuando la falta sea la omisión de recaudos para un cuidado responsable, la persona a cargo deberá afrontar pagos por hasta $800.000. Mientras que en los casos de abandono en espacios públicos como privados podría llegar a tener que cumplir hasta un mes de arresto, tres meses de trabajo de utilidad pública o multas hasta los $4 millones, Anteriormente, iban de $800.000 a $1,6 millón.

Habrá penas también de hasta $2,8 millones cuando se comprueben acciones sobre el animal que constituyan menoscabar su integridad. Las situaciones contempladas son pintar y teñir el pelo con sustancias tóxicas, someter a prácticas o procedimientos que generen dolor y sufrimiento y la exposición a peligros y trato denigrante.

A su vez, quedó incorporado un artículo que impone sanciones que oscilan entre los $4 millones a los $8 millones para quienes mantengan criaderos ilegales. Este punto contempla la posibilidad de arrestos por hasta dos meses, así como el secuestro de los animales vinculados a la conducta en infracción.