La discusión que siguió a la contundente media sanción de la nueva Ley de Biocombustibles es saludable: por fin estamos discutiendo ambiente, salud, desarrollo federal y política energética.

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Lo que no parece saludable es que parte de esa discusión se haya reducido a consignas tuiteras: “somos un país petrolero, no necesitamos etanol”; “el maíz debe alimentar personas, no automóviles”; “si el etanol fuera competitivo, no necesitaría un corte obligatorio”; “todo mandato es un privilegio”.

Son argumentos fáciles. El problema es que el sistema energético no lo es.

Petroleros y etanoleros

Argentina está entrando en una nueva etapa de su historia petrolera. La producción de crudo ya supera los 900.000 barriles diarios. Un logro que todos celebramos.

Pero para transformar petróleo en naftas el crudo debe ser refinado. He aquí un primer punto: la capacidad de refinación argentina está al límite y no hay planes para ampliar esa capacidad ya que requiere inversiones enormes y la escala del mercado argentino no lo justifica. Por eso, aunque producimos más petróleo, seguimos importando naftas, dilapidando dólares de las reservas del Banco Central.

El proyecto de ley complementa la insuficiente capacidad de producir naftas con una fuente de combustible renovable y competitivo que, además, diversifica la matriz energética, agrega valor a nuestras materias primas, crea empleo y ahorra divisas.

Mandato y competitividad

Otro argumento que merece ser revisado: las petroleras utilizan bioetanol exclusivamente porque una ley las obliga. Los datos muestran algo diferente. Hoy, con un mandato del 12%, las refinadoras utilizan, por decisión propia, porcentajes superiores. Algunas ya llegaron al 15%. ¿Por qué compran más etanol de lo que se les exige? Porque es competitivo, mejora sus cuentas y ayuda a contener el precio en surtidor. Mucho más desde la crisis de Ormuz.

Es clave resaltar que una mezcla de 15% de etanol (como propone la ley), diez puntos por debajo del promedio Mercosur, sustituye naftas importadas, pero fundamentalmente cumple funciones de aditivo oxigenante y mejorador de octanaje en la formulación del combustible. De no existir el etanol, se importarían componentes más caros que tienen, además, externalidades ambientales negativas.

La composición de los combustibles se regula en todo el mundo y los cortes de biocombustibles no son una rareza argentina. Más de 80 países cuentan con políticas para biocombustibles, mediante mandatos o estándares de emisiones. El corte mínimo obligatorio ofrece previsibilidad, permite inversión y desarrollo industrial.

El proyecto de ley mantiene un piso por razones técnicas (oxigenación, octanaje), de independencia energética, económicas (competitividad, ahorro de divisas, desarrollo federal) y ambientales (menores emisiones) y lo complementa con un mercado libre, en donde el consumidor decide soberanamente.

Tendremos más y mejores opciones de movilidad y de combustibles gracias a la introducción de vehículos Flex, que aceptan distintas mezclas de bioetanol en las naftas y hasta un 100% de etanol.

Alimentos y energía

Otro falso dilema es el de alimentos vs energía. Un grano de maíz que entra a una planta no se transforma solamente en combustible. Además del etanol, se obtiene burlanda proteica, aceite y CO₂ biogénico, para usos industriales y alimenticios. El cereal alimenta personas, animales y vehículos. El etanol es alimento y energía.

La verdadera cuestión es cuánto valor podemos obtener de cada tonelada que producimos. Podemos exportar mayormente el grano bruto y dejar que otros países lo industrialicen (modelo actual) o iniciar un camino para transformarlo en energía, proteínas, y otros productos. El Senado eligió sabiamente la segunda opción.

Un dato: el consumo de maíz para etanol y coproductos no supera el 3% de la cosecha argentina, contra más de 20% en Paraguay y Brasil, y 40% en Estados Unidos.

Un proyecto equilibrado

La Argentina no tiene que elegir entre petróleo, gas, electricidad, biogás y biocombustibles. Tiene que aprovechar sus ventajas competitivas y evaluar cada alternativa por su costo, eficiencia, impacto ambiental y sanitario, intensidad de carbono, seguridad energética y capacidad de generar actividad económica. El proyecto de ley apunta a que esas tecnologías puedan complementarse y competir.

Una política energética inteligente, como la que propone este proyecto, establece equilibradamente pisos, porque existen razones estratégicas para hacerlo y, al mismo tiempo, abre un gran espacio para que la competencia determine qué alternativas van a crecer. Brasil, por caso, fijó un piso de uso de etanol de 32% y, mercado libre mediante, totaliza el 52% del combustible para transporte automotor.

En definitiva, la regulación establece reglas a partir de una visión estratégica y la industria hace las inversiones. Pero la decisión final estará en manos del consumidor. No en las consignas. Y mucho menos en la conjura de los necios.

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Director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz