El hermetismo sobre las causas en Comodoro Py que investigan la compra de dólares del Banco Central al valor oficial y su posterior reventa en los mercados paralelos alimenta la sugestión del poder atribuido a una supuesta organización ilícita para condicionar decisiones del Estado y apropiarse de mil millones de dólares del Tesoro entre enero y agosto de 2023. La falta de datos precisos sobre el contenido de esas pesquisas contribuye a que prevalezca un enfoque de corte paranoico. Para concretarse, esa maniobra precisó de la pasiva complicidad de las más altas autoridades económicas de ese momento.

Esa hipótesis desbarata la del delito perpetrado por un grupo infiel de funcionarios jerárquicos pero de tercer orden. El otro aspecto que estimula fantasías es que tres magistrados intenten al mismo tiempo descubrir el modus operandi de una posible defraudación pública a gran escala. Solo un poder de envergadura puede plantar esa primera traba a un avance sobre sus intereses en los propios tribunales. El halo de espesa opacidad que rodea a este asunto es favorecido por la falta de información fiable.

Pero sobre todo por la sospecha de que esta red es parte de la que tendría a cargo el financiamiento de todo el sistema político a través de la Legislatura bonaerense, como quedó al desnudo con el caso de Chocolate Rigau. De esos mil millones de dólares, más de 600 fueron comprados por las casas de cambio Megalatina, Stema Cambio, Multicambio, Centro de Inversiones Concordia, Argen Exchange y Gallo Cambios. Todas vinculadas entre sí por Juan Agrás, Loreley Dixon, Roberto Lanzetta, Juan y Carlos Melzi y Valeria Fernández.

Agrás, Dixon y Lanzetta entraron en contacto con los Melzi luego de ser funcionarios en Necochea del destituido intendente José Tellechea. Los hermanos Melzi son titulares de Karuna Group y están vinculados al Frente Renovador por el diputado Rubén Eslaiman. Karuna Group es una cueva financiera involucrada con Rigau. Agrás era titular de una de las 45 tarjetas de débito en poder de Chocolate. Pero también figura como titular en Megalatina, y su pareja, Dixon, de Stema Cambio.

Centro de Inversiones Concordia es del titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y Argen Exchange, de Elías Piccirillo. Los Melzi controlaban Multicambio. De profesión contadora, Valeria Fernández es consultora externa del Banco Central, socia de Agrás en una docena de sociedades y quien firmó los balances de diez de las diecisiete casas de cambio investigadas. Esto es lo que trasciende de la denuncia del Banco Central que investiga el fiscal Carlos Stornelli y en poder de la jueza María Servini, que prorrogó por cuarta vez el secreto de sumario sobre ella.

Por lo que trasciende, las casas de cambio no apelaron a ningún instrumento de crédito para pedirle dólares al Central. Como si el cepo no existiese para ellas, solo presentaron órdenes de compra de supuestos clientes que pagaron en cuentas bancarias los dólares retirados después por ventanillas. Del BST en la mayoría de los casos. Pero también del Su Crédito de Tucumán, al que estuvo asociado Piccirillo, el Más Ventas de Salta y el Banco de Valores. La causa intenta establecer el destino de esos dólares y el origen de los pesos con los que fueron adquiridos.

Las cifras son abrumadoras. Megalatina compró en ocho meses 413 millones y Stema Cambio 180 en sesenta días. Argen Exchange, 67 millones en la mitad de ese plazo. Gallo Cambio demoró más en hacerse de otros 47. El secreto de sumario obstruye saber si Stornelli dispuso entre decenas de allanamientos el de la contadora Fernández. Una pieza clave por su posición. La prolongación de esa medida obedecería a presiones políticas. Si el dato es curioso es porque Ariel Lijo también lo impuso en una de las dos causas vinculadas a esta.

Hay quienes creen que Lijo controla el despacho de Servini a través del autodidacta Alfredo Mangano, secretario administrativo de la jueza y padre de la fiscal Alejandra Mangano. También alineada con Lijo, en las supercherías que perpetúan el mito del juez como figura de extraordinario poder en Comodoro Py. Hoy vence el secreto de sumario en la causa donde Lijo tiene procesado a Piccirillo por montar un falso operativo policial contra Francisco Hauque y no pagarle los seis millones de dólares que le reclama. El monto que una mujer reclama en un video filmado en un piso de Puerto Madero. La mujer se filma a sí misma pronunciando el nombre y apellido de quien le sustrajo el dinero sin avisarle, mientras enfoca un placard repleto de dólares. Piccirillo promete difundir el video si su prisión domiciliaria no es atenuada. Los datos personales del aludido por la mujer desatarían un escándalo. Es lo que retumba en las murmuraciones del fuero federal. María Eugenia Capuchetti les pidió sin éxito a Lijo y Servini copia de sus causas.

La jueza recibió la primera denuncia del Central en 2021. Pero se enteró de ella el año pasado porque el fiscal Eduardo Taiano la incorporó al sistema informático para pedirle que se declare incompetente. Luego de volver a rechazarle a Taiano esa posibilidad la semana pasada, el juez Julián Ercolini ordenó la detención de alguien que se hacía pasar por secretaria de Capuchetti y ofrecía arreglar causas. La mujer entregó voluntariamente su teléfono. ¿Una advertencia a la jueza? En una interpretación seguramente errada, Ercolini es considerado otro subordinado a Lijo.

Capuchetti obtuvo autorización de la Sala 2 de la Cámara Federal para llamar a indagatoria a Julio De Vido, José López, Daniel Cameron y Cristian Folgar, entre otros, por la ampliación de los gasoductos TGN y TGS a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque con el voto en disidencia de Eduardo Farah. Quien ahora debe resolver si Capuchetti o Lijo investigan los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Probable víctima de fuego amigo de la guerra entre Lijo y el ministro Juan Bautista Mahiques por el predominio en la Justicia, a Farah se le endilga una estrecha relación con Jorge “el Puma” Mazzaglia, un abogado de buena relación, en apariencia, con Sergio Massa y el titular del BST, Roberto Domínguez. De ser cierto, justificaría el presunto interés de Mazzaglia por la causa radicada en el Juzgado Correccional Nº 7 de la Justicia ordinaria, a cargo de Verónica Peluffo. José Herrera reclama en ella un resarcimiento por los 47 millones de dólares que Gallo Cambio compró en 17 operaciones consecutivas con cuentas abiertas en pesos. Y que retiró de otra en esa moneda extranjera. Ambas abiertas a nombre de Herrera que jamás pisó el BST. Herrera tiene domicilio y actividad como changarín en Rosario. La jueza Peluffo jalonó su historial de excusaciones en casos embarazosos, pidiéndole a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional que envíe al juzgado de Servini la demanda de Herrera contra el BST.

La Sala 6 de ese tribunal dará a conocer su decisión el 12 de mayo. Se suma a este panorama sombrío el silencio oficial del Gobierno. En el entorno siempre aceitoso del exministro de Economía recomiendan interpretar este comportamiento por la relación de Milei como diputado mientras Massa presidía la Cámara Baja. Un período en el que administró recursos nada desdeñables mientras Milei ganaba notoriedad sorteando su dieta.

¿Una bala de plata para evitar que se hable de plata negra canalizada por cuevas amigas para comprar dólares y no difundir un video explosivo? Tal vez una pista más sólida para desmentir o confirmar esta versión surja cuando termine el secreto de sumario.