Desde enero de 2018, Oregon aplica un impuesto de US$15 por cada bicicleta nueva vendida. Este tributo, parte de la ley HB 2017, se creó para financiar infraestructura y programas de transporte. Sin embargo, recientemente se ha cuestionado su diseño y equidad. De cara al 2025, se debaten posibles reformas, aumentos o incluso la suspensión del impuesto.

El impuesto, promovido en la Cámara de Representantes del estado, surgió como un compromiso político para equilibrar las cargas impositivas entre diferentes modos de transporte. A pesar de no recibir una fuerte oposición inicial, el trasfondo de la implementación buscaba contrarrestar el argumento de que los ciclistas no contribuyen a las arcas públicas, según Bike Portland. Sin embargo, su aplicación uniforme, independiente del costo de cada una de las bicicletas implicadas, junto a su carácter regresivo, despertaron numerosas críticas con el paso del tiempo.

Impuesto a las bicicletas en Oregon: impacto financiero y utilidad

En promedio, este impuesto genera unos US$833.000 anuales, destinados principalmente a proyectos de infraestructura como senderos fuera de carretera. Aunque la recaudación total desde su implementación ronda los US$5 millones, algunos cuestionaron su relevancia económica, considerando que representa una fracción mínima de los recursos necesarios para cubrir los déficits del sistema de transporte estatal.

Uno de los puntos más controvertidos es su carga desproporcionada en comparación con otros tributos, como el impuesto por privilegio de vehículo, por ejemplo. Mientras que el impuesto a las bicicletas equivale al 7,5% del precio de una bicicleta básica de US$200, el de los autos apenas representa el 0,05% del costo de un automóvil nuevo. Esto marca un gran desequilibrio que muchos consideran injusto y es por eso que hoy en día está en jaque.

Qué pasará con el impuesto a las bicicletas en 2025

En recientes reuniones legislativas con autoridades oficiales, se planteó la posibilidad de reformar el impuesto. Desde ajustes en el porcentaje hasta su posible eliminación, los legisladores y defensores reconocieron la necesidad de revisar su estructura para garantizar mayor progresividad y equidad.

Aunque aún no se tomaron decisiones del todo definitivas, este tema promete ocupar un lugar importante en las discusiones políticas relacionadas al transporte del próximo año.