El siguiente texto es un editorial del diario The New York Times publicado el 22 de octubre de 2025:

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia procese a sus enemigos políticos. Ordenó a sus asesores que utilicen las temibles herramientas de la ley para investigar la recaudación de fondos del Partido Demócrata y de grupos liberales que se le oponen. Evitó que sus propios partidarios sufran las consecuencias de infringir la ley. Y ahora, en un asombroso acto de autocomplacencia, quiere que el departamento entregue casi 250 millones de dólares de dinero de los contribuyentes y los deposite en su cuenta bancaria personal como pago por sus agravios personales.

Dado el afán de los funcionarios del Departamento de Justicia por cumplir sus órdenes, hay motivos para esperar que reciba ese dinero. Un funcionario autorizado para aprobar el pago trabajaba en el equipo legal personal de Trump, y otro representaba a aliados de Trump. Su Departamento de Justicia ya demostró estar dispuesto a anteponer sus intereses a la ley y al país.

El presidente afirma que el Departamento de Justicia le debe 230 millones de dólares como compensación por investigaciones federales previas en su contra, informó The Times el martes. Dichas investigaciones analizaron su negativa a entregar documentos gubernamentales clasificados que había sustraído de la Casa Blanca y los contactos entre su campaña de 2016 y agentes rusos.

El conflicto de intereses del presidente en esta situación es tan amplio que no tiene paralelo en la historia estadounidense. Un experto en ética lo calificó de “farsa”. El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, lo llamó “una desfachatez que da vueltas la cabeza“. Incluso el mandatario pareció reconocer la naturaleza extraña de la exigencia de que el gobierno que controla le pague una fortuna. “Soy yo quien toma la decisión, y esa decisión tendría que pasar por mi escritorio, y es terriblemente extraño tomar una decisión en la que me estoy pagando a mí mismo”, dijo. Pero no parece probable que la vergüenza detenga su exigencia de reembolso. Su promesa de donar el dinero del Tesoro a la caridad aumenta la indignación, dado su historial de explotar la filantropía para beneficio personal.

Afirma que merece el dinero porque las investigaciones fueron injustas y le causaron un gran perjuicio. Pero las pesquisas fueron legítimas (a diferencia de los dos procesos que inició contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James).

La investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones ayudó a descubrir al menos 140 casos de contactos entre la campaña de Trump y ciudadanos rusos, WikiLeaks y sus intermediarios. Mueller no presentó cargos contra Trump, pero su informe dejó claro que la investigación era válida: la conducta de Trump “presenta problemas complejos que nos impiden determinar de forma concluyente que no se cometió ninguna conducta delictiva”.

El caso de los documentos clasificados también fue grave: a diferencia de otros funcionarios acusados ​​de manejo indebido de material clasificado, Trump se negó repetidamente a devolver los documentos cuando se le solicitó y ocultó cuántos conservaba. Tras dejar el cargo, también compartió información aparentemente clasificada sobre submarinos nucleares estadounidenses con un empresario australiano durante conversaciones en Mar-a-Lago, su club privado.

La cuestión principal no son las dos investigaciones ni el supuesto perjuicio que se le infligió. Incluso si los casos en su contra hubieran sido menos sólidos y si pudiera alegar perjuicios personales, no debería usar su poder como presidente para autoindemnizarse. Los ciudadanos comunes rara vez pueden obtener una indemnización del gobierno, incluso cuando han sido tratados injustamente. Y la Constitución prohíbe al presidente recibir cualquier compensación de Estados Unidos, salvo su salario y gastos modestos. Que sus designados aprueben automáticamente una reclamación de indemnización es, en esencia, darle un cheque en blanco del Tesoro para firmar.

Su exigencia de un pago de 230 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses se enmarca en un patrón desmesurado de autocontratación por parte del presidente y su familia. Organizó una cena para quienes compraron la mayor cantidad de criptomonedas de la marca Trump. Su empresa, la Organización Trump, colabora en proyectos inmobiliarios con países de Medio Oriente que dependen de Estados Unidos de diversas maneras. Ha incurrido en conflictos de intereses similares con Serbia y Vietnam. La lista es interminable.

Trump no debería lucrarse con su presidencia. Debería pagar un precio político por su descarada corrupción. En cambio, les está diciendo a los contribuyentes estadounidenses que paguen el precio directamente a él.