CARACAS.– El Parlamento de Venezuela tiene en agenda iniciar este jueves el debate sobre la ley de amnistía general, que excluirá “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según el texto de justificación legislativa al que accedió la AFP.

La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la ley de amnistía, que, según el presidente del cuerpo -y hermano de la presidenta interina-, Jorge Rodríguez, se espera que sea discutido y aprobado de forma rápida.

La sesión está convocada para el mediodía (13 en la Argentina), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice la exposición de motivos. “Quedan excluidos de sus beneficios” delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, añadió.

“La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos”, indicó el texto de justificación, que apuesta por “la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad”.

Expertos temen que el texto sea lo suficientemente vago como para caer en una discrecionalidad de la justicia, ya acusada de servir al chavismo.

La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un “estricto acatamiento” de la Constitución venezolana, que ya prohíbe incluir este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.

La presidenta interina, que trabaja en colaboración con Estados Unidos pese a su retórica bolivariana, anunció el viernes pasado una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder y que implique la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad”, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primero en la línea de sucesión de su hermana.

El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral. Esta sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

Tras la captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas el 3 de enero, y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta interina, el régimen entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.

La propuesta de ley fue recibida con cautela por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Foro Penal, una de las más prestigiosas del país sudamericano y que monitorea la situación de los presos.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sostiene que la citada ley genera optimismo, pero pidió cautela y que “no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos en el pasado”.

El proyecto de ley se discute además en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por Delcy Rodríguez el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos, y que además es cuestionado por su falta de transparencia.

Voceros del gobierno han dicho que ha liberado a casi 900 reclusos desde diciembre. Sin embargo, según cifras de Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el miércoles a la mañana, solo se comprobó la excarcelación de 350 personas, mientras más de 600 permanecen detenidas por razones políticas.

El régimen niega que existan “presos políticos”, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.

La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos, y Estados Unidos la respaldaba. Esa petición se acentuó especialmente tras la captura de Maduro.

Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político.

Agencias AFP, AP y Reuters