Un buen trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro y del fiscal Patricio Ferrari llegó a buen puerto. La Justicia ordenó el bloqueo de 251 sitios de apuestas ilegales. Una presentación de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) había sido el disparador de estas medidas.

Además de evadir los controles del Estado y privarlo de recursos, las plataformas clandestinas, cuyo cierre ordenó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), simulaban legalidad. Pero no garantizaban transparencia en el juego ni cobro de premios a los apostadores. Tampoco había controles de identidad ni de edad para los jugadores ingresantes. Y lo más graves es que se comprobó que captaban a adolescentes como “cajeros” a cambio de comisiones, aprovechando su vulnerabilidad para sumarlos directamente a un esquema delictivo.

El presidente de Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof, destacó la importancia del operativo y subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia, entes reguladores y el sector privado. En 2024, otra investigación de la misma dependencia había conducido a bloquear 55 sitios piratas que transmitían ilegalmente eventos deportivos, algunos de ellos utilizados por quienes miran fútbol por fuera de las señales codificadas.

En 2025, Unicef reportó que uno de cada cuatro adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años apostaba o había apostado en línea. Se trata de más de medio millón de chicos que comienzan tempranamente a transitar una peligrosa adicción que afectará sus vidas y las de sus familias. Poco venimos haciendo para detener este flagelo. Como bien reflexionaba días pasados Alejandro Bartolomé en una carta de lectores, nos preocupamos por el tabaco, el azúcar o las grasas a la hora de cuidar el cuerpo de nuestros jóvenes, pero livianamente permitimos que las grandes empresas de apuestas sean avisadores de los clubes de fútbol, una flagrante contradicción cuando deberíamos también ocuparnos de sus mentes en crecimiento, a merced de una grave epidemia como la ludopatía.

Celebramos que se identifiquen y bloqueen sitios de apuestas clandestinos, pero debería regularse también toda la operatoria de una actividad perniciosa como el juego. No se trata simplemente de despejar el camino para el avance de las empresas legales. Los intereses en pugna vienen revelando tener un fuerte lobby, capaz de detener cualquier avance en la materia. Programas de concientización en escuelas, asistencia para ludópatas, regulación de toda forma de publicidad, control obligatorio y certero de verificación de identidad y edad, creación del Registro Nacional de Apostadores son solo algunas de las cuestiones por considerar.

En 2024, en el Congreso se conseguía la media sanción para la ley que buscaba restringir el acceso a sitios de apuestas. Desafortunadamente, aquel proyecto perdió estado parlamentario. Tanto en 2025, como en lo que va de 2026, ingresaron nuevas iniciativas sobre el tema. ¿Cuántos jóvenes más habrán sucumbido a la ludopatía antes de que nuestros legisladores tomen el toro por las astas? Hagan sus apuestas…