“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado”, dijo el presidente Javier Milei el martes luego de conocerse la cifra oficial de inflación de marzo de 3,4%. Luego explicó la razón de la suba de la inflación con precisiones técnicas, pero las más importantes fueron políticas: “No fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado, hay que tener en cuenta a qué estuvimos sujetos en el segundo semestre del año pasado, y muy en especial desde la elección en la provincia de septiembre”, sostuvo.

El “intento de golpe” al que se refería Milei era la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en septiembre pasado. Cuesta entender que la voluntad de la sociedad votando libremente sea interpretada como una desestabilización. Al poner la culpa afuera, sin un error admitido, la idea era comunicar rápido y sacarse la responsabilidad de encima. En el momento más duro en cuanto a la confianza de la sociedad en las expectativas sobre la marcha del gobierno, Milei parece el único “vocero” potable para afrontar y revertir la situación, pero su discurso sigue dirigido al núcleo duro, a los suyos, que por sentido de pertenencia tienen más paciencia y comprensión. No es una novedad, Milei, todo lo contrario a un líder componedor y calmo, habla mucho, sobre todo en las redes sociales, y muchas veces de más. Afirmar con tanta liviandad sobre un “intento de golpe de estado” para explicar una inflación de 3,4% suena hasta ingenuo, pero tiene un cometido: dejar un tema en la conversación pública que empareje la atención generada por el dato inflacionario. Crear un conflicto para superar otro, denunciar algo para tapar otra denuncia, son viejas estrategias de la comunicación política tradicional argentina.

Estamos ante un gobierno que parece creer más en la comunicación que en la gestión. El propio Milei pasa horas en redes sociales. Con excepción de Luis Caputo, el resto de los miembros del gabinete parece estar escondido. Hay un dato que no se puede soslayar, los dos vértices de poder que tiene el esquema Milei son su hermana Karina y su asesor Santiago Caputo. La mayoría de la población no les conoce la voz ni a qué se dedican en realidad. Lo suponen, pero no dejan de ser actores en la sombra. Además, están peleados entre sí y es una interna que ya se vive a cielo abierto. Hay ministros que responden a uno o al otro y tienen temor a hablar en público y enojar a su adversario interno. Se habla más hacia adentro que de cara a la sociedad, y esto se explicaría por el culto al personalismo que exigen los hermanos Milei.

Hay un claro ejemplo de este “internismo” que afecta al oficialismo: el PAMI estaría cerca de un colapso, se habla de una deuda de mil millones de pesos. La falta de pagos a proveedores, el ajuste sobre los ingresos de los médicos, las denuncias sobre falsas prestaciones recrean un escenario que está afectando a millones de jubilados, justamente uno de los sectores más castigados por la política económica. Días atrás la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclaró formalmente a través de un comunicado, que nadie pidió ni esperaba, que el PAMI y el área de discapacidad-ambas en dificultades- no están bajo su órbita, desvinculándose así de la crisis prestacional y financiera de la obra social y de la agencia que atiende a personas con discapacidad y tiene uno de los problemas de corrupción más graves que afronta el gobierno: la causa Andis. La ministra señaló al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, como el responsable. Lugones, que se mantenía en silencio frente a estos temas, habló escuetamente el martes y dijo que el PAMI “está pagando”, porque se informó que transfirieron 150 mil millones de pesos para pago de proveedores. Sin embargo, el ajuste sobre los ingresos de los médicos alcanza hasta un 50% y ya se vaticina un éxodo masivo de profesionales de la salud de la obra social más grande del país. Lugones es hombre de Santiago Caputo, mientras que Pettovello responde a la poderosa Karina. El hecho es una muestra de que hay más comunicación para deslindar responsabilidades personales que explicaciones públicas sobre la razón de los conflictos.

El PAMI se va a convertir en un problema grave para el gobierno si no aparecen los recursos. En las provincias los propios gobernadores comenzaron a apuntar al gobierno nacional por su falta de respuesta: “Pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. No puede estar dejándolos en este estado”, dijo el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, durante un acto oficial. Ningún gobernador va a dar la cara por el gobierno en un tema tan sensible como es la obra social de los jubilados, mucho más cuando observan como los ministros eligen señalarse entre ellos en lugar de gestionar y buscar soluciones. También hay conflictos en el INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico, entre otros organismos. La clave estaría en la falta gestión para anticiparse a los hechos (lo del PAMI es un ejemplo), y algo parecido sucedió con las empresas de colectivos, que podría haberse previsto semanas antes porque la suba del combustible ya era noticia mundial. Hubo tiempo para comenzar una negociación que pudo evitar el colapso de ese medio de transporte en AMBA de los últimos 15 días. No sucedió.

Es muy contradictorio que a un gobierno que cree en la comunicación con una devoción exagerada le falten voceros. La inflación alta es explicada por el Presidente, así como la caída de la recaudación, del consumo y de los indicadores que muestran una economía en pleno retroceso con una alta afectación social, cuando deberían ser tratados por otros funcionarios dispuestos a “poner el cuerpo” ante el enojo social para evitar el desgaste de la imagen presidencial.

Todo esto está agravado por la comprometida situación frente a la justicia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es quien debería llevar adelante el relato de la marcha del gobierno, pero todo el escenario sobre un supuesto enriquecimiento ilícito lo obliga a guardar un perfil subterráneo. Hablar de “la moral como política de estado” con un jefe de ministros que, se supo ahora, escondió vacaciones lujosas en el Caribe mientras manifestaba que solo se había tomado cuatro días para estar con su familia en el polémico viaje a Punta del Este, parece una burla de los problemas de la gente común. Hay funcionarios que creen que debería ser apartado del cargo “porque pasa más tiempo atendiendo su tema con la justicia que hablando con los ministros sobre la marcha del gobierno”. Milei, que sostenía que ante la más mínima sospecha de corrupción iba a “volarle la cabeza” a sus funcionarios, ahora llama a esperar el pronunciamiento de la justicia, pidiendo respetar el principio de inocencia, como corresponde. Es el mismo Milei que sentencia livianamente que “el 95% de los periodistas son delincuentes”.

Sostener a Adorni es una decisión política que muestra al gobierno con una alarmante carencia de interpretación del enojo social. Considerar que todo lo malo que sucede es parte de una operación de parte del kirchnerismo, de los medios, de los empresarios, que siempre hay alguien a quien culpar para poder contracar, es un error. El gobierno percibe que le alcanza con tener “enemigos” visibles a quien responsabilizar y atacar en las redes y los medios como justificación por falencias que son propias. El trasfondo de esto es que ignora que las crisis gubernamentales nunca son de comunicación, siempre son de gestión. Aquélla puede servir para sobrellevarla de la mejor manera o para atenuar cierto desgaste, pero si no se corrige la gestión y se asumen los errores -para cambiar aquello que haga falta- no habrá ninguna estrategia de comunicación que sirva.