Un país enemistado y fracturado.

En esas cinco palabras cabe la conclusión sobre la Argentina a la que podría haber llegado un observador extranjero que haya leído, en los últimos días, las noticias locales. Habría visto, por ejemplo, que en la misa que se celebró en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco, el oficialismo y la oposición evitaron cruzarse hasta la mirada. Habría tomado nota, además, de que la vicepresidenta de la Nación desistió de ir a esa ceremonia para no sentarse al lado de funcionarios de su propio gobierno. Después habría visto que el titular del PJ bonaerense faltó al acto en el que debía traspasarle ese cargo partidario al gobernador de la provincia. Lo hizo para eludir una foto con él.

Aquel observador imaginario también habría notado, acaso con asombro, que en un ámbito cultural como el de la Feria del Libro la intolerancia ya se ha convertido en una costumbre: como en los últimos años, se sometió al secretario de Cultura a griteríos e insultos para “tapar” su discurso. Esta semana habría observado, para completar el cuadro, que el presidente Milei evitaba saludar, en la cena de la Fundación Libertad, al expresidente Macri.

Parecen, a simple vista, partes inconexas de la realidad, pero se encastran unas con otras para formar un puzle: el de la Argentina dividida, condicionada por rencores y desentendida de las obligaciones que implica el funcionamiento institucional. No es un paisaje exactamente novedoso, pero confirma el agravamiento de una cultura pública basada en antagonismos extremos, en el desprecio por el que piensa distinto y en el desafío cada vez más grosero a las normas elementales de cortesía y urbanidad en la arena política. Se imponen, sin embargo, algunos interrogantes de fondo: ¿Es solo una degradación de las formas de relacionamiento cívico o expresa algo más riesgoso para el sistema de gobierno? ¿Es una mera ruptura de los rituales republicanos o implica una erosión de los estándares mínimos de convivencia que requiere la democracia?

Varios de los episodios registrados en los últimos días muestran que la cultura del desplante y la descalificación del otro ya no opera solo entre bloques opuestos, sino dentro de cada coalición. Máximo Kirchner parece seguir un legado familiar cuando elude, en la escala partidaria, el cumplimiento del ritual formal e indispensable del traspaso de mando. Lo había hecho su madre, la expresidenta Kirchner, cuando se negó a entregarle los atributos del poder a su sucesor en el año 2015. Pero ahora se escenifica ese desprecio dentro del propio partido. Algo similar podría verse en la imposibilidad que exhiben el Gobierno y su vicepresidenta para una convivencia al menos protocolar. Y también en la decisión del Presidente de eludir el saludo a un antecesor con el que mantiene una alianza parlamentaria. Todo parece remitir a lo que quizá sea una mutación novedosa: la grieta se fracturó a sí misma. Ya no hay bandos antagónicos en el sistema político, sino muchos fragmentos que no se hablan entre sí.

Es el reflejo de una dirigencia que vive cada vez más encapsulada en compartimientos estancos, sin sentirse obligada no ya a confraternizar, sino siquiera a convivir de manera civilizada con quienes representan, incluso, matices o diferencias menores. Es una política de trincheras y de fragmentación que traslada, al espacio político e institucional, la lógica de antagonismos, virulencia y polarización que caracteriza a las redes sociales.

Detrás de esta gestualidad intolerante y despectiva puede asomar un riesgo que quizá se subestime. Porque no solo se pierden valores esenciales como el respeto, la buena educación y el reconocimiento del otro. La propia gobernabilidad requiere niveles razonables de diálogo e interlocución. Las coaliciones electorales o parlamentarias demandan, aunque sea, una confianza mínima. Cuando se deterioran esos presupuestos, lo que se plantea es un riesgo que todavía no ha sido bautizado (como sí lo fueron el “riesgo país” o el “riesgo kuka”), pero que tiene, tal vez, una incidencia mucho mayor de la que se imagina en las decisiones de los inversores y del propio electorado. Podríamos llamarlo el “riesgo enemigo” o, más pomposamente, “el riesgo de la enemistad cívica”.

Los gestos, en la política, son actos de gobierno, tomas de posición, declaraciones de principios. En los cursos de ciencias políticas se enseña algo elemental: las democracias funcionan sobre una capa de convenciones que no están escritas en ninguna ley, pero que son fundamentales: el saludo, la mesa compartida, el ritual protocolar. No son símbolos vacíos sino mecanismos a través de los cuales los actores políticos señalan algo fundamental: que aceptan las reglas de juego. Esas formas, además, constituyen un lubricante esencial para los engranajes de la arquitectura republicana.

Lo que ven, a la distancia, los observadores y los grandes jugadores del mercado internacional es que una dirigencia que no se habla, y ni siquiera se saluda, exhibe evidentes dificultades para procesar conflictos, negociar políticas y sostener acuerdos. No ofrece, en definitiva, algo intangible pero crucial: previsibilidad. La pregunta, entonces, no es de naturaleza moral, sino práctica e institucional: ¿qué capacidad de acción colectiva les queda a actores políticos que ni siquiera pueden compartir un espacio físico? ¿Cómo podrían reaccionar ante eventuales situaciones de emergencia nacional?

La agresividad, el insulto y el desprecio por el otro se han naturalizado como herramientas de acción política que alimentan una atmósfera de resentimientos y fracturas. Es un estilo que parece contagioso, pero que además se ha convertido, tal vez, en una exigencia o un requisito para formar parte de los elencos de gobierno. Hasta podría imaginarse que, a la hora de designar a un ministro, no solo se miran sus antecedentes profesionales y su trayectoria técnica, sino fundamentalmente, su capacidad de “odiar lo suficiente” a los críticos o adversarios.

Como ocurría en el kirchnerismo, muchos funcionarios hoy evitan, a toda costa, que se los vea hablar con periodistas o con dirigentes, economistas o académicos que puedan estar en una posición ligeramente crítica del Gobierno. El solo hecho de hablar, aunque sea sobre temas técnicos o cuestiones estrictamente referidas a la gestión, se ve como una actitud sospechosa, acaso una traición. El diálogo es penalizado; se lo asocia a un gesto de debilidad frente al “enemigo”. Esa es la doctrina que se ha enquistado en la política argentina de la mano de sectores ideológicamente antagónicos, pero hermanados por una concepción del poder basada en la exclusión y la estigmatización del otro.

Esta actitud genera otro riesgo oculto. Practicar “el odio” demanda tiempo y energías que se restan a la acción de gobierno. Librar combates por Twitter consume una dedicación que, inevitablemente, se les resta a otras tareas. Establece, además, el tono de una conversación pública atravesada por la violencia verbal, y no por el intercambio constructivo de ideas y propuestas.

Las biografías de Franklin D. Roosevelt suelen destacar que, así como protagonizaba aquellas famosas “charlas junto a la chimenea”, a través de la radio, también contestaba centenares de cartas de ciudadanos comunes que le escribían a la Casa Blanca para contarle sus preocupaciones y vicisitudes. Era otro mundo, claro: el de los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero ¿cuánto más constructivo sería que el celular presidencial sea utilizado hoy para leer y responder a argentinos de distintos perfiles y rincones del país, en lugar de intoxicar las redes con insultos y bullying digital contra el primero que se cruce? Parece una pincelada nostálgica o de “buenismo político”, pero ¿no cambiaría el clima asfixiante de la Argentina con pequeños gestos de convivencia y empatía?

Detrás del comportamiento de la dirigencia política subyace otro interrogante de fondo: esa agresividad y esa descalificación del otro, ¿reflejan lo que se vive en la sociedad, o es el poder el que moldea un estándar de conducta anclado en esos modales? Tal vez haya un círculo que se retroalimenta. Es cierto que esa cultura del antagonismo se ha enquistado en muchos estamentos institucionales intermedios, desde las universidades hasta algunos colegios profesionales. Es cierto, también, que en algunos sectores sociales anida un sentimiento de enojo y de indignación, mientras que núcleos fanatizados “festejan” la arrogancia y la agresividad del poder, sea en un sentido o en otro. Pero en el argentino de a pie, el odio y el desprecio no parecen los sentimientos dominantes. Cuando se escucha a un jefe de Estado dirigirse a una persona como “basura inmunda”, “delincuente malparido” o “basura humana”, ¿se refleja en esa voz la del ciudadano medio; ¿es un lenguaje y un tono que escuchemos con frecuencia en las conversaciones laborales, en los encuentros sociales o en las interacciones callejeras? Tal vez la política tenga mucho que aprender de una sociedad que, a pesar de sus frustraciones, aún valora la convivencia. De ese aprendizaje dependerá la evolución del “riesgo enemigo”, un índice que no miden las consultoras ni las calificadoras de riesgo, pero que puede erosionar la democracia y condicionar el desarrollo.