Las casas prefabricadas importadas desde China comenzaron a ganar espacio en el mercado argentino como una alternativa para quienes buscan construir en plazos reducidos y con costos más previsibles que los de una obra tradicional. El fenómeno, que se expandió primero en Estados Unidos y Europa, empezó a mostrar sus primeros casos concretos en el país, especialmente en proyectos vinculados a segunda vivienda, emprendimientos turísticos y lotes ubicados en zonas costeras.

La propuesta combina fabricación industrial, transporte internacional y montaje rápido. A diferencia de las construcciones tradicionales, que pueden demandar varios meses de trabajo, estas viviendas llegan al país prácticamente terminadas o en módulos listos para desplegarse e instalarse sobre una base previamente preparada. Según distintos modelos comercializados en Argentina, el tiempo de montaje puede variar desde pocas horas hasta uno o dos días, dependiendo de las dimensiones y del sistema constructivo elegido.

La aparición de estos productos coincide con un contexto en el que los costos de construcción siguen elevados en dólares. Frente a ese escenario, algunas empresas comenzaron a importar viviendas terminadas o módulos habitacionales fabricados en China, ofreciendo precios que, en determinados casos, resultan competitivos respecto de una construcción tradicional.

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Los valores varían según el tamaño, el nivel de equipamiento y la complejidad logística. Las llamadas casas cápsula, una de las variantes que más difusión tuvo en los últimos meses, se comercializan en Argentina desde aproximadamente US$39.000, mientras que los modelos más equipados pueden alcanzar US$80.000. Estas unidades suelen llegar completamente terminadas e incorporan cocina, baño, sistemas de climatización, aislamiento térmico y acústico, cerraduras electrónicas y otras prestaciones que permiten comenzar a utilizarlas inmediatamente después de conectarlas a los servicios básicos.

También existen modelos modulares más convencionales, con superficies de entre 37 m² y 74 m², cuyos precios parten desde aproximadamente US$40.000 y pueden superar los US$65.000, dependiendo del diseño y de las terminaciones. Algunos fabricantes incluso permiten modificar la distribución de los ambientes o unir varios módulos para obtener viviendas de mayor tamaño.

Sin embargo, el valor publicado por el fabricante representa solo una parte de la inversión. Para calcular el costo real de una de estas viviendas es necesario sumar el transporte internacional, los gastos aduaneros, los impuestos de importación, el despacho portuario y la preparación del terreno donde se instalará.

Ahora bien, si el destino final es la Costa Atlántica, aparece otro factor clave: la logística terrestre. Una vez nacionalizada, la vivienda debe transportarse desde el puerto hasta ciudades como Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Mar de las Pampas o Costa Esmeralda. En muchos casos, el módulo puede viajar directamente sobre un camión de gran porte, mientras que las unidades más compactas llegan preparadas para ser remolcadas o trasladadas mediante equipos especiales. Algunas de las viviendas que se comercializan actualmente fueron diseñadas precisamente para facilitar ese traslado.

El movimiento hasta la Costa requiere además evaluar cuestiones de acceso. No todos los terrenos permiten el ingreso de camiones de gran tamaño ni las maniobras necesarias para descargar módulos completos. Por eso, antes de concretar la compra, los proveedores suelen analizar el lote, los accesos y la ubicación exacta donde se emplazará la vivienda. En barrios privados o desarrollos costeros también es necesario verificar reglamentos internos y requisitos municipales para la instalación de construcciones industrializadas.

A esos costos deben sumarse las obras previas. Aunque estas viviendas reducen significativamente los tiempos de ejecución, igualmente requieren una base o fundación adecuada, conexiones de agua, electricidad y desagües, además de las aprobaciones municipales correspondientes. Como ocurre con cualquier construcción, las reglamentaciones dependen de cada jurisdicción y es importante verificar previamente qué tipo de documentación exige cada municipio.