La investigación en torno al lanzamiento de la moneda digital $LIBRA, un expediente de alta sensibilidad para el Gobierno, seguirá su curso en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de que la jueza María Servini insistiera con la incompetencia de su juzgado, donde tramitaba el caso hasta hoy.

Así lo decidió el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que resolvió unir la causa por $LIBRA con otro expediente, en manos de Martínez de Giorgi, donde se investiga un presunto mecanismo de recaudación por el cual la hermana y secretaria general del Presidente, Karina Milei, habría facilitado reuniones o audiencias a cambio de dinero.

Esta otra causa fue impulsada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Ahora, ambas causas, en donde interviene el mismo fiscal Eduardo Taiano, tramitarán juntas.

“Entiende el suscripto −remarcó Llorens− que la pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad”.

Llorens puso fin a un pase de manos que comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega Servini −que estaba de licencia−, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 1 al postular la conexidad con el expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Martínez de Giorgi rechazó el expediente, alegando que la Cámara ya había definido que estas causas debían correr por separado. Sostuvo también que el juez Lijo, al declinar la incompetencia, no precisó los motivos por los cuales la causa debía ahora cambiar de manos.

El expediente retornó al Juzgado Federal N°1, pero como la jueza Servini insistió con su postura, quedó librada la contienda de competencias que hoy resolvió Llorens.

La relocalización del caso ocurre cuando sobre el expediente recae una presión adicional. Desde agosto se puso en funcionamiento la Comisión en el Congreso creada ad hoc para investigar el caso.

Entre otras medidas, se constituyó una subcomisión especial compuesta por cinco miembros que buscan tomar contacto con el expediente. Son Yolanda Vega (Innovación Federal), la denunciante Frade (Coalición Cívica), Fernando Carbajal (Democracia), Sabrina Selva y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Además del presidente Javier Milei −quien promocionó la moneda virtual con un tuit el 14 de febrero− y de su hermana, Karina Milei, están siendo investigados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios en Tech Forum; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y Hayden Mark Davis, el empresario detrás del lanzamiento del activo. Todos ellos mantuvieron reuniones con la cúpula del poder libertario, para lo cual registraron visitas a la Casa Rosada, algunas autorizadas por Karina Milei.

No es la primera vez que surgen contrapuntos respecto de la competencia del caso. Cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado peleó por llevar el caso en su juzgado de San Isidro −con el argumento que el tuit del presidente Milei se lanzó desde la quinta de Olivos, en su jurisdicción− fue la Cámara Federal de San Martín, en abril, la que declaró la incompetencia de la jueza y llevó el caso a los tribunales de Comodoro Py.