Fue la primera sentencia por trata de personas con explotación a través de medios digitales. En abril pasado, Fredy Junior Arturo Zea Ricardo fue condenado a 25 años de cárcel por abusar sexualmente de tres jóvenes a las que, además, obligaba a prostituirse en departamentos del barrio de Retiro. Ahora, el fallo de primera instancia fue confirmado por un tribunal de alzada.

“En definitiva, el cuadro probatorio es robusto y permitió tener por acreditada la hipótesis acusatoria. El aquí acusado usó el nombre Jorge para captar a víctimas, acogerlas y explotarlas sexualmente, a la vez que abusó sexualmente de ellas con acceso carnal durante el período de sujeción. Tanto los testimonios como las pruebas recolectadas de los allanamientos realizados -juguetes sexuales, cámaras de video y trípode- permitieron corroborar los hechos atribuidos al imputado, con el grado de certeza que se le exige a todo veredicto condenatorio", se afirmó en el reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, al que accedió LA NACION.

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°2, integrado por los jueces María Gabriela López Iñíguez, Guillermo Costabel y Jorge Gorini había encontrado culpable a Zea Ricardo de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres.

Una de las víctimas se suicidó cuando todavía no había sido detenido el autor del plan criminal.

La sentencia de primera instancia había llegado al tribunal de alzada después de la apelación de la defensa de Zea Ricardo, que sostuvo, entre otras cuestiones, que “las denunciantes no fueron objetivas al declarar en la causa”, se quejó de “la supuesta falta de libertad ambulatoria de las damnificadas” y afirmó que una de las víctimas había “aceptado ejercer la prostitución” y que en “tres oportunidades viajó a su ciudad de origen y siempre regresó por su propia voluntad a Buenos Aires y que tenía la posibilidad de viajar continuamente a su lugar natal, así como de entrar y salir del departamento que ocupaba”.

En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Abel Córdoba, y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, quienes habían solicitado la pena de 27 años de cárcel para el acusado.

Según los acusadores públicos, Zea Ricardo había captado, por medio de falsas ofertas laborales, dos de ellas publicadas en el diario Clarín, a tres víctimas para explotarlas sexualmente mediante engaño, fraude, violencia, amenaza, abuso de situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coerción en diferentes períodos de tiempo comprendidos entre 2017 y 2020.

“Además, se le atribuye haber abusado sexualmente de ellas en reiteradas ocasiones, con acceso carnal por vía anal y vaginal, así como haberles ocasionado daños graves a su salud física y mental provocando el suicidio de una de ellas –María S.– antes de que el imputado fuera detenido", según publicó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

En su alegato ante los jueces, Córdoba y Grigera resaltaron que el acusado, para sortear las restricciones dispuestas por el gobierno nacional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19, adaptó “la explotación digital” de la que fue víctima una de las mujeres.

“La joven era obligada a someterse a largas jornadas de exposición ante la webcam para transmitir en línea contenido sexual pago. A criterio del Ministerio Público, esta nueva modalidad resultó ‘aún más cruel y tortuosa’, ya que no tenía límite ni descanso, le exigía la exposición constante, el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía”, según la citada publicación.

Para los acusadores públicos, durante el juicio se comprobó “un entramado criminal que trasciende la figura del imputado”. Y lo fundamentaron en los testimonios de las víctimas que recordaron que otras personas “intervenían en su control y vigilancia, las cuales evidencian la existencia de una estructura organizada, que debe ser urgentemente investigada”.

Para llevar adelante el plan criminal, el acusado alquiló tres departamentos en Retiro, situados en Florida al 800, Tres Sargentos al 400 y en avenida Santa Fe al 800.

A María S., entre mediados de 2017 hasta septiembre de 2020, “la forzó a mantener relaciones sexuales con distintos clientes en esos domicilios alquilados, bajo una contraprestación monetaria que terminaba quedándose en su totalidad”.

Para el Ministerio Público, se comprobó que el acusado le hacía creer a la víctima que conformaban una sociedad y que con él iba a ganar mucho dinero, a pesar de entregarle solo $500 para asearse y comer.

Con la ayuda de la Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata, María S. logró escapar. El 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, se suicidó. Estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

La segunda víctima fue captada en noviembre de 2017 y fue sometida sexualmente hasta febrero de 2018. Su primer contacto con el imputado fue por medio de un aviso publicitario.

Fue citada para sacarse fotografías en un departamento donde estuvo en cautiverio y fue explotada sexualmente. Sufrió “maltrato psicológico, agresiones verbales, tormentos y amenazas de dañar a su familia”. Logró escapar y su caso dio origen a la investigación.

La tercera víctima conoció al acusado en un boliche de la zona sur del conurbano. “Luego de conversar sobre las aspiraciones laborales que tenía la víctima, Zea Ricardo le prometió brindarle trabajo como promotora”, según reconstruyeron los fiscales.

A fines de 2017 fue citada a un departamento para que se sacara fotografías “en ropa interior, ropa deportiva e indumentaria sensual”. Pero quedó atrapada en las garras del sospechoso. Fue obligada a tener relaciones sexuales con diferentes clientes, quienes “la sometían a diversas prácticas y se drogaban sobre su cuerpo”.

También, según dijo la víctima, fue “forzada a mantener relaciones con el imputado, de quien recibía de manera constante humillaciones, maltrato psicológico, agresiones verbales, golpes y amenazas para continuar la explotación. Finalmente, en junio de 2018, en una ocasión en la que tuvo que salir a comprar provisiones, la mujer logró escapar.

Tras la detención del sospechoso, la víctima lo reconoció como su victimario a partir de ver sus fotos en los medios de comunicación, lo denunció y se presentó como querellante.