Iván Carlos Méndez, quien se recibió de abogado en la cárcel, luego de cumplir dos condenas por narcotráfico, ofrecía un servicio adicional: era una especie de intermediario entre los jefes narco de Rosario y Buenos Aires, que se encuentran bajo el régimen de perfil dentro de los penales federales con los miembros de las organizaciones y de los familiares. Eran quien rompía el aislamiento de los capos criminales -como Ariel y Uriel Cantero, líderes de Los Monos; Mario Segovia, catalogado como el rey de la efedrina y el expiloto Julio Rodríguez Granthon, entre otros- y llevaba y traía información delicada, como los nombres de las personas que debían asesinar.

Méndez fue detenido este martes en una casa en el barrio Padre Carlos Mugica, conocida como la Villa 31, que pertenece a unos de los capos mafiosos de esa zona: César Morán de la Cruz, apodado El Loco. En el momento de la detención, en esa vivienda, donde dormía Méndez había un fusil de alto poder de fuego.

No es la primera vez que los agentes del Servicio Penitenciario y de PROCUNAR detectan que hay abogados que cumplen un rol que excede sus funciones como defensor o asesor legal de los detenidos. Los letrados y los familiares directos son los únicos que tienen permitido visitar a los reclusos de alto perfil de los penales federales.

En enero pasado, René Ungaro, uno de los narcos más sanguinarios de Rosario, le pasó un pequeño papel a su madre Gladys. Era un encuentro personal, con “contacto”, como lo denominan internamente, entre un recluso y su madre, en el que pueden charlar y tomar mate. Un agente vio cuando Ungaro le pasó un pedazo de papel a la visita y a la salida decidieron requisarla. En el papel estaba el nombre de una persona a la que Ungaro había decidido asesinar, y un número de teléfono que no era de Rosario, sino de Buenos Aires. Ese contacto pertenecía a Iván Carlos Méndez, según pudieron establecer los agentes del área de inteligencia del Servicio Penitenciario. El crimen de la persona que había apuntado El Brujo, como llaman a Ungaro, no se concretó, pero comenzó una investigación contra Méndez. A los funcionarios del Servicio Penitenciario les llamaba la atención las reuniones que mantenía con varios jefes narcos que no tenían vinculación entre sí, como Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina, Martín Lanatta, que participó de la triple fuga en (?), Ariel Cantero, jefe de Los Monos, el expiloto peruano Julio Rodriguez Granthon, entre otros. En algunos casos, Méndez figuraba como abogado defensor y también como representante legal, una figura que existe dentro del sistema penitenciario.

Méndez estudió abogacía en la cárcel, cuando estuvo detenido por narcotráfico. Fue condenado do veces por el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de San Martín. Desde hace un tiempo vivía en el barrio Carlos Mujica, conocido como la Villa 31 de Retiro, en una casa que pertenece a uno de sus supuestos clientes: César Morán de la Cruz, conocido como Loco César, preso en el penal de Ezeiza, y líder de la llamada banda del Pueblo.

Los dos autos en los que se movía Méndez también pertenecían a narcos de peso. Un Ford Mondeo y una camioneta Exosport, que le dio en parte de pago Julio Rodriguez Granthon, jefe narco rosarino que también está preso en Ezeiza.

Los vínculos y las visitas de Méndez con los capos narcos más poderosos del país eran permanentes, y no tenían que ver con una cuestión profesional, según pudieron detectar los investigadores de Procunar, que desde hace tiempo empezaron a identificar una matriz de funcionamiento de los jefes narcos para romper el aislamiento y seguir, de alguna manera, manejando el negocio del narcotráfico. Ese esquema tiene a los abogados como eslabones claves, como ya ocurrió con otro caso, que tuvo como protagonista al penalista rosarino Gregorio Gómez, quien no solo hacía de mensajero de Fabián Pelozo, sino que también formaba parte de la organización y participó del traslado de una carga de más de 400 kilos de cocaína, que fue incautada por Gendarmería.

El régimen de aislamiento de los presos de alto perfil, que implica un aislamiento casi total, logró romper los vínculos de los jefes narcos con el exterior, luego de que durante años usaran los teléfonos celulares que lograban ingresar a los penales y los teléfonos públicos de la prisión para seguir con el control de sus organizaciones desde la cárcel. Procunar elaboró varios informes a lo largo de los últimos años en los que apuntaba que la facilidad con la que los presos de alto perfil accedían a los smartphones provocaba que en las calles, sobre todo de Rosario, se cumplieran las directivas que daban los jefes narcos de atacar edificios judiciales, residencias de jueces, asesinatos y transacciones con droga que les seguía dando réditos económicos. Nunca se lograba cortar el circuito mafioso que funcionaba desde las propias penitenciarias, tanto de la provincia de Santa Fe como las federales.