El Gobierno derogó 71 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio y la defensa del consumidor. Esta decisión se enmarca en el proceso de simplificación normativa abierta tras la sanción de la Ley Bases. Las normativas que quedaron sin efecto mediante la Resolución 357/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial habían sido dictadas entre 1974 y 2023.

Según el texto oficial, la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Agustín Lavigne, dispuso la eliminación de regulaciones que habían perdido sustento legal luego de la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec). En el texto publicado se indicó que la medida apunta a reducir la superposición normativa, bajar la carga administrativa y otorgar mayor certeza jurídica.

Entre la nómina de las 71 normas alcanzadas figuran resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Producción y Trabajo. También aparecen disposiciones más antiguas, como la Resolución 142 de 1974, junto con otras muy recientes, como la Resolución 1183 de 2023.

Entre las disposiciones derogadas sobresalen las que fijaron precios máximos durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La Resolución 100/2020 y sus múltiples modificatorias, así como la Resolución 98/2020 y su cadena de actualizaciones, integran el conjunto anulado. Estas medidas habían establecido precios de referencia y restricciones para bienes de consumo masivo, alimentos, bebidas y artículos de higiene.

También quedaron sin efecto normas relacionadas con el funcionamiento de supermercados y cadenas comerciales, que respondían a la Ley de Góndolas (27.545), derogada en 2023. Esa legislación buscaba garantizar espacio a pymes en góndolas físicas y digitales, pero fue eliminada junto con otras regulaciones de intervención en precios y comercialización.

La resolución recuerda que, tras la disolución del Coprec mediante el Decreto 55/2025, era necesario eliminar la normativa que lo sostenía. El organismo había sido creado en 2014 bajo la Ley 26.993 para atender reclamos de consumidores contra proveedores, pero el Gobierno argumentó que su coexistencia con otras instancias generaba mayores costos administrativos y encarecimiento de los bienes y servicios.

El listado también abarca resoluciones emitidas en décadas anteriores vinculadas a regulaciones sobre hidrocarburos, televisión paga, producción agrícola y disposiciones de defensa del consumidor. Todas esas normas habían quedado sin sustento tras la derogación de los marcos legales en los que se apoyaban.

La Secretaría de Industria y Comercio fundamentó la decisión en la necesidad de “revisión integral continua” del marco regulatorio. El documento advierte que la proliferación normativa de leyes, decretos y resoluciones generó dispersión y superposición, lo que afectó la gestión estatal y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El texto publicado en el Boletín Oficial indica que la Resolución 357/2025 entra en vigencia desde el 25 de septiembre de 2025, por lo que todas las resoluciones y disposiciones listadas quedarán formalmente derogadas desde esa fecha.